La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, se encuentra en el centro de una fuerte controversia. Este miércoles 21 de enero de 2026, el Directorio decidió —en una votación dividida— quitarles la firma y apartar temporalmente de sus cargos a dos funcionarios clave designados por el presidente de la compañía, Demian Reidel: el gerente general, Marcelo Famá, y el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso.

La medida se tomó tras una denuncia interna por presuntas irregularidades y sobrecostos en licitaciones millonarias, en un contexto donde la empresa figura en la lista de firmas a privatizar por el gobierno nacional.

Los puntos centrales de la denuncia

El conflicto estalló a raíz de un informe presentado por el gerente de las centrales Atucha I y II, Juan Pablo Nolasco, ante el Comité de Integridad de la empresa. Los focos de sospecha son:

• Licitación de limpieza: Se investiga el intento de adjudicar el servicio a la empresa LX Argentina por un monto de USD 6,4 millones, cuando el presupuesto de referencia era de USD 600.000. El contrato denunciado presentaba un sobreprecio del 140% respecto a los valores auditados por la SIGEN.
• Contratación de IT: El gremio ATE Zárate solicitó investigar una migración de software que pasó de un presupuesto original de USD 600.000 a una facturación final de USD 7.000.000, lo que representa un salto del 1066%.
• Interna en el Directorio: La suspensión de los gerentes expuso una fractura en la cúpula. Mientras Demian Reidel votó en contra de apartar a sus hombres de confianza, Diego Chaher (titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y cercano a Santiago Caputo) votó a favor de la medida.

Tensión laboral y denuncias de vaciamiento

Desde el sindicato ATE Zárate, el secretario general Fernando Pérez advirtió que estas maniobras fueron detectadas cuando se intentó despedir a profesionales de carrera con más de 30 años de antigüedad para cubrir las irregularidades. Los trabajadores denuncian que se intenta «cortar el hilo por lo más delgado» mientras la conducción política de la empresa, vinculada al entorno del presidente Javier Milei, gestiona de forma «mafiosa» una firma que es superavitaria para el Estado.

Actualmente, las firmas de los gerentes apartados fueron delegadas de forma provisoria a Fernando Monserrat, ex gerente general de la compañía, mientras avanza la investigación interna y judicial.