La Asamblea rechazó los argumentos de la Comisión Directiva sobre la falta de fondos denunciada y no encuentra razón lógica que los justifique. Por su parte, el presidente hizo su descargo por nota en medios de comunicación.

Un importantísimo número de miembros del foro legal santiagueño han expresado su profundo desconcierto ante los resultados revelados en el balance financiero de la Caja Forense de la provincia, donde se informa un patrimonio neto líquido de $55.000.000, una cifra considerada desproporcionadamente baja en relación con los ingresos percibidos por la entidad durante más de medio siglo.

La preocupación aumenta al descubrir que el balance, certificado y auditado por un familiar directo del Presidente de la Caja Forense, podría contravenir disposiciones legales vigentes que prohíben la participación de familiares en la auditoría de entidades a las que están vinculados. La posibilidad de que un balance financiero sea aprobado bajo tales circunstancias resulta inaceptable para la comunidad jurídica. Mas aún, si se tiene presente que los fondos comprometidos son fruto y propiedad de los afiliados que durante décadas aportaron con su trabajo.

Además, el foro Santiagueño de encuentra en vísperas de una explicación detallada por parte de la Caja Forense sobre las razones que llevaron a la aprobación de estados contables y balances con las deficiencias señaladas. En ese sentido, se resalta la necesidad de una fiscalización externa e interna que garantice la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos financieros destinados al bienestar de los profesionales del derecho y sus beneficiarios.

Asimismo, se ha observado que la Caja Forense nunca cumplió con su objeto social, que tenía que ver con las prestaciones previsionales en favor de los abogados. Esta omisión agrava aún más la situación, generando preocupación sobre la gestión y la administración de los recursos destinados a cumplir con dicho fin.

En este contexto, un abogado del foro local ha formalizado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las presuntas irregularidades, argumentando que podrían haberse cometido delitos en relación con las inconsistencias que surgen del balance.

Es por ello, que los profesionales del derecho instan a la realización de una investigación exhaustiva para esclarecer posibles infracciones legales y salvaguardar los intereses de la comunidad jurídica y la ciudadanía en general.

Por último, resulta imprescindible recordar los afiliados a la Caja Forense que cualquier acto ilícito que comprometa a la institución también los afectará directamente, implicando una responsabilidad personal directa e ilimitada de su patrimonio.

¿Dónde está el dinero?

En el balance de ingresos y egresos que no cierra a los asambleístas en un recorrido de medio siglo, el presidente de la institución mediante nota detalló en los medios de comunicación a modo de somera explicación: «La Caja tiene numerosos gastos en forma mensual de alrededor de 14 millones de pesos por mes»- En el desglose detalla nueve empleados, consumo de energía eléctrica, Internet, agua, gas, uso de computadoras (?), subsidios, reintegros, emergencias médicas, mecánicas, mantenimiento de aires acondicionados, fotocopiadora, servicio de bar (…).

La explicación, que resonó escandalosa e insuficiente para los que la consideran un pretexto y rechazaron el balance presentado en Asamblea, amerita la profunda investigación de «los ingresos y gastos de la institución en base a la denuncia presentada por un abogado del foro local en contra de quienes resulten responsables de este vaciamiento».

Lo cierto y real es que el escándalo ganó los salones de la Caja Forense de Santiago del Estero; en una traza irónica de la actualidad en la que se verían involucrados quienes deberían ser auxiliares de la Justicia.

La pregunta generalizada es:; «Falta mucho dinero, ¿dónde o en qué bolsillos está?.