La tensión entre el sindicalismo y el Poder Ejecutivo ha llegado a un punto de no retorno. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó que existe un «consenso colectivo» dentro de la central obrera para convocar a una huelga nacional. El detonante principal es el avance de la reforma laboral, que tras obtener media sanción en el Senado, se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Este lunes será un día clave, ya que el Consejo Directivo de la CGT se reunirá para formalizar el plan de lucha y definir la fecha exacta de la medida de fuerza.
Los ejes del conflicto
La estrategia de la central sindical se divide en varios frentes de batalla discursiva y política:
- Presión parlamentaria: El objetivo es frenar el proyecto este miércoles en las comisiones de Diputados. «Los legisladores deben entender que el proyecto debe ser rechazado», enfatizó Jerónimo.
- Duro mensaje a los gobernadores: El titular del Sindicato del Vidrio calificó de «irresponsables» a los mandatarios provinciales que instruyeron a sus senadores a votar a favor de la reforma, acusándolos de no priorizar los derechos de los trabajadores.
- Foco en Sturzenegger: El dirigente apuntó contra el ministro de Desregulación, asegurando que existe un plan sistemático para «romper la matriz sindical» y utilizar la reforma como un relato que oculte las falencias del plan económico actual.
Presión desde las bases y gremios aliados
La conducción de la CGT no solo lidia con la agenda oficial, sino con la creciente demanda de acción por parte de sectores más combativos. Gremios de gran peso como la UOM (Metalúrgicos), Aceiteros, ATE y las dos vertientes de la CTA ya han manifestado su apoyo a una movilización masiva al Congreso para el día en que se debata la ley.
La reunión de mañana determinará si el paro será acompañado por una movilización o si se tratará de un cese de actividades sin presencia en las calles. Lo que es seguro, según las palabras de Jerónimo, es que la medida buscará paralizar el país para demostrar el descontento social ante los cambios en la legislación laboral.
