El inicio del 2026 en Córdoba está marcado por un recrudecimiento del conflicto entre el gobernador Martín Llaryora y los gremios estatales. La tensión, que tuvo su punto de inflexión con la reforma previsional a finales del año pasado, ha derivado en una estrategia de confrontación que los sindicatos planean llevar a las bases y a los tribunales.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) lidera las críticas, denunciando un «ataque directo al salario» que afecta no solo a docentes, sino también a trabajadores de la sanidad, judiciales y municipales.
Los puntos críticos del reclamo gremial
Los sindicatos fundamentan su postura en lo que consideran una pérdida sistemática del poder adquisitivo mediante dos mecanismos principales:
- Paritarias por debajo de la inflación: Según la UEPC, la paritaria 2025 cerró con un incremento del 27,6%, frente a una inflación del 33,2%. Esto representa una pérdida de más de 5 puntos porcentuales, cifra que los gremios consideran mayor si se mide sobre el aumento real de los alimentos.
- Confiscación vía descuentos: Denuncian que el gobierno utiliza aumentos en los aportes a la Apross (seguro de salud) y mayores retenciones para la Caja de Jubilaciones como una forma encubierta de reducir el salario neto. Esto habría anulado la mejora del 8% prometida a los jubilados en diciembre.
La contraofensiva judicial y de bases
Ante la promulgación de la Ley de Equidad Jubilatoria, impulsada por Llaryora en la Unicameral, los gremios han decidido abroquelarse en una estrategia de doble vía:
- Vía Judicial: Los sindicatos avanzarán con una ofensiva en tribunales en las próximas semanas, motivados por los primeros «guiños» judiciales favorables a los amparos presentados anteriormente.
- Vía Gremial: Según informes especializados, la orden es «limar» la gestión desde las bases, cuestionando el manejo de la Caja de Jubilaciones y profundizando el plan de lucha en un verano cordobés que promete ser conflictivo.
Por su parte, el mandatario provincial defiende las medidas como necesarias para sanear la administración de la Caja, lanzando críticas a todas las gestiones anteriores por el déficit acumulado. Sin embargo, con el inicio de clases en el horizonte, la capacidad de negociación del Ejecutivo se verá puesta a prueba.