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La decisión de Milei de activar el Consejo de Mayo busca contrarrestar el impacto político de la “ola cristinista” y las movilizaciones gremiales, que esta semana reunirán a más de 70 sindicatos en una marcha al Ministerio de Desregulación

En un contexto de creciente tensión social, marcado por la prisión de Cristina Kirchner, masivas movilizaciones y una semana de protestas gremiales contra el ajuste económico, el presidente Javier Milei buscará reposicionar su gestión y recuperar la centralidad política acudiendo a su ministro Federico Sturzenegger.

Con la directiva de minimizar las confrontaciones con la expresidenta, el Gobierno acelera una agenda de reformas estructurales, con la reactivación del Consejo de Mayo como eje estratégico. Este organismo, creado tras el Pacto de Mayo de julio de 2024, debutará mañana en la Casa Rosada, con la reforma laboral como prioridad.

El dato central es que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, emergerá como figura clave, aunque su rol exacto se redefinirá ante el vencimiento de las facultades delegadas del Ejecutivo el próximo 8 de julio. Su agresiva política de ajuste (y su interna con el ministro Luis Caputo), que incluye la eliminación de organismos descentralizados como la Marina Mercante y una nueva ola de decretos para reestructurar áreas como el INTA, genera tensiones internas y externas, complicando las aspiraciones de Milei de integrar la OTAN y negociar con actores clave en el Consejo.

Como se dijo, la decisión de Milei de activar el Consejo de Mayo busca contrarrestar el impacto político de la “ola cristinista” y las movilizaciones gremiales, que esta semana reunirán a más de 70 sindicatos en una marcha al Ministerio de Desregulación por la eliminación de 48.000 empleos públicos, lo que para el Gobierno es el equivalente a un ahorro anual de u$s1.885 millones. Durante la última reunión de Gabinete, el presidente delineó prioridades: cumplir las metas del FMI (superávit fiscal del 1,3%), rechazar incrementos salariales para funcionarios y acelerar los puntos del Pacto de Mayo, que incluyen equilibrio fiscal, reducción del gasto público al 25% del PBI, reforma tributaria y modernización laboral.

El Consejo de Mayo, liderado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, integrará a Sturzenegger por el Ejecutivo, Alfredo Cornejo por las provincias, Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Congreso, Gerardo Martínez (UOCRA) por los sindicatos y Martín Rappallini (UIA) por el sector empresarial. La reunión del martes definirá los lineamientos para transformar los compromisos del Pacto en proyectos legislativos, aunque el Gobierno reconoce que las reformas laboral, tributaria y previsional no prosperarán antes de las elecciones de octubre.

El rol de Sturzenegger: negociador bajo presión

Federico Sturzenegger, ideólogo de la desregulación y artífice del DNU 70/2023 y la Ley Bases, enfrenta un momento liminar. Con el vencimiento de las facultades delegadas en julio, su capacidad de acción unilateral se reducirá, obligándolo a consolidar su influencia en el Consejo de Mayo. Su rol como puente entre el Ejecutivo y actores políticos, sindicales y empresariales será crucial, pero llegará en un momento muy controvertido por el rechazo a sus políticas.

Sturzenegger impulsa una reforma laboral que flexibilice el mercado, reduzca la rigidez de las paritarias nacionales y promueva un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones. En mayo, ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), convocó a los empresarios a ser “socios de la motosierra” y anticipó un “debate interesantísimo” postelectoral. Sin embargo, esta propuesta enfrenta resistencia sindical, especialmente tras los recortes de empleo público, que han avivado las protestas gremiales. Su reciente reactivación de la “motosierra” con 13 decretos para eliminar o fusionar organismos descentralizados, como el INTA, INTI, SENASA y ANMAT, busca aprovechar las facultades delegadas antes de su vencimiento, pero ha generado tensiones con sectores productivos y funcionarios como Caputo, que temen un ajuste excesivo.

A la vez, el Consejo de Mayo enfrenta escollos significativos. Los gobernadores, tras su reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), exigirán mayor coparticipación, revisión del impuesto a los combustibles y fondos para obra pública, demandas que colisionan con la austeridad fiscal del Gobierno. La ausencia de cinco gobernadores (Kicillof, Insfrán, Quintela, Ziliotto y Melella) en el Pacto de Mayo evidencia fracturas políticas que complicarán los consensos. Además, las movilizaciones gremiales, que incluyen a sindicatos del transporte y estatales, añaden presión a un Gobierno que busca blindar su agenda reformista.

El timing de la convocatoria, a meses de las elecciones, responde a la necesidad de instalar temas que refuercen la narrativa de transformación económica de Milei. Sin embargo, la reforma laboral, en un contexto de protestas masivas y represión policial a jubilados y manifestantes, podría exacerbar la conflictividad social.

La agenda laboral en el centro de la tormenta

La reforma laboral que Sturzenegger busca impulsar en el Consejo de Mayo se presenta como un pilar de la estrategia de Milei para revitalizar la economía, pero también como un campo minado. La propuesta incluye medidas como la simplificación de las contrataciones, la reducción de multas por trabajo no registrado y la promoción de acuerdos laborales a nivel empresa en lugar de convenios colectivos nacionales. Estas ideas, que buscan alinear a Argentina con modelos de mayor flexibilidad como los de países desarrollados, chocan con la resistencia de sindicatos que ven en ellas una amenaza a los derechos adquiridos. La reciente marcha de gremios al Ministerio de Desregulación, encabezada por líderes como Hugo Yasky (CTA) y Pablo Moyano (CGT), refleja el creciente malestar por los recortes y la agenda liberalizadora del Gobierno.

Sturzenegger, consciente de la dificultad, ha enfatizado la necesidad de un diálogo multisectorial para legitimar estas reformas. Sin embargo, su historial de decisiones unilaterales, como los decretos que desmantelaron organismos clave, podría dificultar su rol como negociador. En este sentido, el Consejo de Mayo será una prueba de fuego para su capacidad de construir consensos en un escenario donde los sindicatos, respaldados por una oposición fortalecida tras las movilizaciones, exigen respuestas a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento del desempleo.

El impacto de las reformas en el tablero político

El impulso de Sturzenegger por desregular y reestructurar organismos descentralizados no solo genera tensiones internas, sino que también tiene implicancias geopolíticas y económicas de largo alcance. La eliminación de la Marina Mercante, por ejemplo, no solo ha irritado a la Armada, sino que también ha levantado alertas en sectores industriales que dependen del transporte marítimo, como los exportadores de granos. Asimismo, la reestructuración de organismos como el INTA, que juega un rol clave en el desarrollo agrícola, podría afectar la competitividad de un sector estratégico para el ingreso de divisas. Estas decisiones, aunque alineadas con la filosofía de “achicar el Estado” de Milei, arriesgan alienar a aliados potenciales en el Consejo de Mayo, como gobernadores y empresarios, que ven en el ajuste una amenaza a sus intereses regionales y productivos.

En el plano político, el Gobierno apuesta a que el Consejo de Mayo proyecte una imagen de gestión proactiva y diálogo institucional, en contraste con la polarización desatada por el caso Kirchner. Sin embargo, la cercanía de las elecciones legislativas y el creciente descontento social limitan el margen de maniobra. Sturzenegger, en su nuevo rol de negociador, deberá equilibrar su impulso reformista con la necesidad de evitar un colapso del diálogo con provincias y sindicatos, en un momento en que la calle se convierte en un actor clave en el tablero político argentino.

De todas formas, la cercanía ideológica de Sturzenegger con Javier Milei, con quien comparte un rechazo visceral al intervencionismo estatal, lo convierte en un aliado clave del presidente, quien lo califica como “uno de los mejores economistas del planeta” y le otorga un ministerio diseñado para ejecutar su visión de un Estado reducido a su mínima expresión.

Fuente: ambito.com