El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó su última declaración jurada ante los organismos de control, revelando un salto patrimonial cercano a los $970 millones durante el ejercicio 2024. El documento detalla que el funcionario del gabinete de Javier Milei posee una estructura de activos concentrada mayoritariamente en el sistema financiero internacional.
Dólares y depósitos en el exterior Uno de los datos más relevantes del informe es la tenencia de más de USD 1,4 millones depositados en cuentas fuera de la Argentina. Históricamente, el patrimonio del economista ha mantenido esta tendencia; en registros previos, se observaba que casi el 99% de sus depósitos se encontraban radicados en el extranjero. Actualmente, esos activos financieros representan la columna vertebral de su riqueza declarada.
Controversia por contratos familiares La difusión de su patrimonio coincide con una fuerte polémica que involucra a su esposa, María Josefina Rouillet, directora de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Recientemente, la Cancillería —bajo la gestión de Pablo Quirno— adjudicó de manera directa un contrato de $114 millones a dicha institución para capacitar en inglés al personal diplomático durante 2026.
Cuestionamientos y defensa oficial La adjudicación ha generado críticas por parte de la oposición, derivando en denuncias por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Los puntos principales de la controversia son:
- Adjudicación directa: La AACI fue la única oferente bajo el argumento de «especialidad».
- Contraste ético: Se cuestiona el gasto millonario frente al discurso de austeridad y ajuste estatal que promueve el propio Sturzenegger.
- Baja concurrencia: Existen reportes sobre una escasa inscripción de alumnos, lo que alimenta las sospechas de favoritismo.
Desde el Gobierno, el canciller Quirno defendió la transparencia del proceso, asegurando que la institución trabaja con el Ministerio desde 2018 y que el contrato cuenta con el aval de la Oficina Anticorrupción y un «Pacto de Integridad».