La designación de Silvina Irene Carreira fue confirmada en una carta que el expresidente envió al juez Julián Ercolini, en cuyas manos había quedado la causa tras el sorteo realizado este mismo viernes.

Alberto Fernández designó este viernes a la abogada que lo defenderá en la causa penal que le abrió Fabiola Yañez por violencia de género. Se trata de Silvina Carreira, a quien pidió que se la vincule «lo más pronto posible».

Yañez, en tanto, ya había nombrado como su abogada a Mariana Gallego, especializada en derechos de familia, tras la desvinculación de Juan Pablo Fioribello, debido a la Ley de Código de Ética de la Abogacía de la Capital Federal.

La designación de Silvina Irene Carreira fue confirmada en una carta que el expresidente envió al juez Julián Ercolini, en cuyas manos había quedado la causa tras el sorteo realizado este mismo viernes. Ercolini ya intervenía en la causa desde el martes a la mañana, cuando Yañez se comunicó desde Madrid -donde vive junto a Francisco, el pequeño hijo que tuvo con Fernández- para desarchivar la carpeta.

En el sorteo, además, quedó vinculado el fiscal Ramiro González, que por estos días está siendo subrogado por Carlos Rívolo.

Tras la denuncia, la exprimera dama se comunicó al día siguiente con Rívolo, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 6. Desde entonces quedó convocada la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

En tanto, el jueves a la mañana Yañez mantuvo una videollamada con profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas. Los «pormenores» de esa comunicación «permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima», indicaron desde la Fiscalía.

El paso siguiente en el procedimiento es la declaración testimonial de Yañez. «Permitirá obtener más detalles de los hechos denunciados, el lugar de los mismos», le explicaron fuentes judiciales a Clarín.

El dato sobre la locación de los denunciados episodios de golpes y terrorismo psicológico determinará la competencia de la investigación. Por ahora, la causa sigue tramitando en Comodoro Py.