La acusación por peculado y malversación de caudales públicos se extiende a dos coacusados y solicita la inhabilitación perpetua para ejercer cargos.
La Fiscalía Federal solicitó formalmente la condena del exintendente de Pinto, Emilio Alberto Rached, a una pena de 4 años y 6 meses de prisión. El pedido se realizó durante los alegatos en el juicio oral que lo investiga por un presunto desvío de fondos estatales destinados a obras en la comuna del departamento Aguirre.
La fiscal general Indiana Garzón y el fiscal auxiliar Pablo Álvarez, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero, imputaron a Rached como coautor de los delitos de peculado y malversación de caudales públicos. Como medida accesoria, solicitaron la inhabilitación perpetua de Rached —quien también fue vicegobernador y senador— para ejercer cualquier cargo público.
Condenas Solicitadas para Coacusados
La Fiscalía extendió la acusación a la exsecretaria de Economía municipal y a un intermediario:
- Ana María Vera (Exsecretaria de Economía): Se pidieron 3 años de prisión como coautora del mismo delito. La Fiscalía también solicitó su inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos.
- Diego Kemel (Intermediario): Para él, se solicitó una pena de 2 años de prisión por ser considerado partícipe necesario del delito de peculado, alegando que cobró cuatro cheques que luego habría entregado a los principales acusados.
Exigen Devolución Millonaria
En un punto crucial de los alegatos, los fiscales exigieron que los tres acusados devuelvan solidariamente la suma de $ 5.143.590. Este monto debe ser actualizado mediante la tasa pasiva del Banco Nación, con fecha de inicio el 30 de octubre de 2018.
Las Irregularidades Detalladas
La Fiscalía argumentó que la pena para Rached debe ser la más rigurosa debido a su «mayor responsabilidad como líder del municipio» y su experiencia política. Los fiscales resaltaron la existencia de presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos internos que habrían facilitado el desvío de los fondos.
La causa se centra en la malversación de una porción de los $ 44.325.199,60 enviados por la Secretaría de Infraestructura Urbana de la Nación en 2018. Estos fondos estaban destinados a obras esenciales: mejoras en infraestructura y fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad, la construcción de un polideportivo, y un sistema de desagües cloacales para la ciudad.
Se determinó que el destino de $ 4.511.881,40 de estos fondos es desconocido y que la obra del sistema cloacal no superaría el 30% de ejecución.
El Tribunal Oral Federal —integrado por los doctores Abelardo Basbús, Carina Farías y Federico Bothamley— pasó a un cuarto intermedio. Hoy presentarán sus argumentos los defensores de los acusados.