El oficialismo solicitó 3 meses para llegar a un acuerdo con la oposición y elegir los nuevos legisladores. En tanto, Massa construye una comisión para estudiar el cumplimiento de las normas.
Los diputados del Frente de Todos reclamaron a la Corte Suprema otros 90 días para buscar un acuerdo con la oposición y sancionar una ley con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, que desde este lunes está presidido por el presidente del máximo Tribunal Horacio Rosatti a partir de la aplicación de la ley derogada en 2006. Además, Sergio Massa plantea armar la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para discutir qué corresponde hacer.
Rosatti asumió a partir de un fallo de la Corte que emitió en diciembre que le otorgó cuatro meses al Congreso para sancionar una ley que modifique la integración de la Magistratura y aporte un equilibrio entre los representantes políticos y los de «estamentos», que son jueces, académicos y magistrados.
El Senado sancionó una ley hace 15 días, pero Diputados aún no lo trató y el viernes se venció el plazo, que obligaría a elevar la cantidad de miembros del consejo de 13 a 20. Un juez de Paraná le solicitó a Massa y Cristina Kirchner no nombrarlos, pero Rosatti ordenó este mediodía poner en funcionamiento el consejo de «manera inmediata».
A través de un comunicado, el bloque conducido por Germán Martínez emitió un comunicado para pedirle a la corte otros tres meses de espera, que en la práctica consistiría en reestablecer el consejo con los 13 miembros que había hasta el viernes y la presidencia del juez Alberto Lugones.
«Es de enorme gravedad institucional que el presidente de la Corte asuma a a cargo del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas en el poder judicial», dice el comunicado del bloque.
«Consideramos de enorme gravedad institucional que -amparado en una legislación derogada por el Congreso en febrero de 2006- el presidente de la Corte asuma al presidencia del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas en el poder judicial», señala uno de los párrafos.
Mientras tanto, Massa recibirá este lunes al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien escribió una columna en la que rechaza que la Corte vuelva a presidir la Magistratura, que le posibilita además manejar los fondos de la justicia.
También conformará la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que tiene como función estudiar el cumplimiento de las normas. En ese caso, debería definir cómo cubrir la representación legislativa del Congreso, que según la vieja ley, vigente según el fallo de la Corte, requiere 4 miembros de cada cámara, 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y otro por la segunda.
Juntos por el Cambio se los adjudicó, eligió al senador Luis Juez y a la diputada radical Roxana Reyes, envió las notas el miércoles pero ni Cristina ni Massa respondieron. Tampoco tienen claro si los 6 miembros restantes pueden seguir, porque fueron elegidos por una ley derogada.