El informe habla maravillas del Programa Acompañar, la Ley Micaela, la ESI y del cupo laboral trans, todas iniciativas paralizadas o desarticuladas. Organizaciones de mujeres y de DD.HH. presentaron un contrainforme para desarticular las mentiras oficiales.

Con un cinismo de alto nivel, el Gobierno presentó un informe ante la ONU donde destaca como grandes logros del país políticas y programas que durante la gestión de Javier Milei se desfinanciaron, vaciaron o lisa y llanamente fueron eliminados. Por ejemplo, habla maravillas del Programa Acompañar, de la Ley Micaela, el Plan ENIA contra los embarazos no intencionales en adolescentes, de la Educación Sexual Integral, y del cupo laboral trans, todas iniciativas que el Poder Ejecutivo Nacional tiene paralizadas o directamente desarticuladas.

El extenso informe tiene 103 páginas y fue elaborado como parte de las obligaciones del Estado argentino como miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por su sigla en inglés), cuya 69° sesión comenzó este lunes en la sede de la ONU, en Nueva York. La CSW es el principal organismo mundial dedicado a la igualdad de género. Este año conmemora los 30 años de la 4° Cumbre Mundial de la Mujer que se hizo en Beijing, su Declaración y su Plataforma de Acción, considerada la hoja de ruta más progresista y con más aval para avanzar hacia la igualdad de género.

El documento oficial lleva de título “Examen exhaustivo a nivel nacional de la República Argentina sobre la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, y está colgado en la web de la ONU Mujeres. Lo más curioso es que el Gobierno disolvió hasta el mismo organismo desde el cual se redactó el informe: la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, un área que ya no existe.

Sobre el Programa Acompañar, creado por el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad –eliminado por Mieli– para brindar una ayuda económica a víctimas de violencia de género, el informe del Gobierno dice: “El diseño e implementación de esta política pública se convirtió en un hito histórico del Estado argentino para contribuir al logro de la independencia económica de las mujeres y LGBTI+ en situación de violencia basada en género. En ese sentido, consiste en una asistencia que contribuye, en la emergencia, para que esas personas puedan liberarse del agresor/proveedor y vivir una vida libre de violencias”. Lo paradójico, es que casi no se ha otorgado este derecho durante el año y tres meses de gestión libertaria y su presupuesto ha sido reducido drásticamente, como ha informado este diario.

De la Ley Micaela, el informe oficial elogió que “es una práctica innovadora de la República Argentina para la prevención de la violencia de género”. Desde que asumió Milei, el PEN no implementó ni una de las capacitaciones obligatorias a funcionarios y funcionarias.

“Estos programas representan un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y sirven como ejemplos a nivel regional e internacional. Así, Argentina reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos”, dice el informe oficial, presentado en mayo de 2024 ante la ONU, de esas dos iniciativas que fueron desarticuladas durante la gestión de Milei.

También el informe del Gobierno elogió la Ley de Cupo Laboral Trans al que califica como “un avance de vanguardia respecto al colectivo LGBTI+” y lamentó que a casi tres años de la sanción de la normativa “no se ha alcanzado el piso de 1% previsto por la ley y quedan altas pendientes; por lo que se mantiene el desafío de llegar a tal piso mínimo y lograr llegada territorial en todo el país”. Lo dicho se contradice con la decisión del Gobierno de despedir a trabajadoras del Estado trans.

Mentiras con voz propia

Este jueves, habló en el plenario de la ONU la abogada antiderechos Ursula Basset, que encabeza la delegación argentina, y con el mismo cinismo dijo que “hombres y mujeres acceden en igualdad de oportunidades a todos los sectores de la economía” y a “todas las posiciones”, cuando en realidad las estadísticas demuestran que la tasa de actividad es menor entre ellas y existe una brecha salarial de género del 27 por ciento, entre otros datos que reflejan desigualdad. Basset afirmó que se logró “disminuir la tasa de femicidios” en el último año, a pesar de que no hay evidencia oficial para sostener esa afirmación. En ningún momento mencionó la palabra género y se manifestó por que “la mujer conserve su espacio propio” en rechazo –sin expresarlo– a las identidades trans. Lo que no se atrevió a anunciar es que el Gobierno impulsa la eliminación de la figura de femicidio.

Basset es la abogada detrás de la profundización del giro reaccionario en la política exterior de Argentina, contraria a la Agenda 2030 de la ONU. No es la primera vez que intenta camuflar su ideología: tal como reveló este diario el 10 de octubre de 2023 se disfrazó de feminista para dar un examen para ser camarista civil y obtuvo el mejor puntaje.

Un informe paralelo para desarmar las mentiras

Para alertar sobre las mentiras del informe oficial, las secretarías de Género de las dos CTA, junto a la UTEP, La Cocina de los Cuidados que coordina el CELS y otras ONGs presentaron el martes ante la ONU, en el marco de la 69°CSW, un “Informe Sombra” que da cuenta del desmantelamiento de las políticas públicas y programas elogiados.

“Queremos denunciar que el informe enviado por el gobierno argentino para la 69°CSW miente descaradamente al reseñar un conjunto de políticas que fueron destruidas ya en los primeros meses de la presidencia de Milei. Y fundamentalmente denunciar la brutalidad del ataque a los derechos de mujeres y diversidades, que se plasma no solamente en el retroceso institucional, sino en el impacto que tiene en la vida concreta de las personas una política que al tiempo que empobrece deliberadamente a la población, retira la acción del Estado de todas las áreas destinadas a proteger derechos para ponerlo al servicio de los especuladores financieros y del capital transnacional”, advirtió a Página 12 desde Nueva York, Yamile Sokolovsky, secretaria de Género y Diversidad de CTA-T.

Más de 200 ONGs contra las políticas de Milei

Además, el miércoles, más de doscientas ONG que trabajan en el país por los derechos de las mujeres presentaron en un evento paralelo a la 69°CSW un crítico documento que describe los retrocesos en relación a los derechos de las mujeres y diversidades del último año. La presentación se hizo ante representantes de los gobiernos de Francia, Alemania, Brasil, México, Uruguay e India, entre otros, preocupados por la situación argentina.

“Nos alentaron a seguir luchando para que continúen vigentes todas las políticas de igualdad de género y diversidad en nuestro país”, contó Mabel Bianco. La histórica activista feminista y directora ejecutiva de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) encabezó el evento. La reunión, convocada bajo el título “La Argentina de Milei según las feministas argentinas”, se hizo el miércoles en un salón de la Blue Gallery, frente a más de un centenar de invitadas e invitados de distintos países. Voceras de algunas de las ONG que firmaron el documento dieron un panorama del impacto del ajuste y los recortes en la vida de mujeres y diversidades. Entre ellas, Ana Falú, de CICSA; María José Lubertino, de ACDH; Marita Perceval, que fue “Representante Especial para la Política Feminista”, referentes del CELS; Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, además de Bianco.

La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en estos años han orientado procesos que “con luces y sombras, significaron el avance de los derechos de mujeres, niñas y diversidades sexo genéricas plasmados en legislación, institucionalidad y prestaciones”, arranca la declaración firmada por más de doscientas ONGs de Argentina. Y seguidamente aclara que “la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre de 2023 implicó la implementación de medidas destinadas a eliminar todas las acciones dirigidas a la igualdad de género, a la protección de derechos de mujeres y niñas y de la población LGBTQI+”.

La cantidad de firmas que acompañan el documento refleja el posicionamiento compacto de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el país por los derechos de mujeres y diversidades frente al Gobierno libertario. Entre las que suscribieron el pronunciamiento figuran también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Católicas por el Derecho a Decidir, la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH/sida; la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe; la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNAC); la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); la Asociación Civil AMMAR Córdoba, Tierra Violeta; Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles; la Sociedad de Ginecología Infantojuvenil (SAGIJ); la Federación Argentina de Medicina General; la Fundación Karakachoff; Mujeres de la Ruralidad Argentina; la Asociación por los Derechos de las Mujeres; la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta); el Centro De Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina (Ciscsa), entre otras tantas. 

Fuente: pagina12.com.ar