El Gobierno nacional oficializó este lunes 26 de enero de 2026 el DNU 34/2026, una medida que modifica la Ley 19.101 (Ley del Personal Militar) para permitir que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas en actividad asuman funciones políticas en el Ministerio de Defensa. La novedad central es que ya no deberán pasar a «situación de disponibilidad», lo que les permitirá seguir computando años de servicio efectivo mientras se desempeñan en la gestión civil.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti, exceptúa de esta posibilidad a los rangos máximos (Teniente General, Almirante o Brigadier General) y a quienes hayan liderado el Estado Mayor Conjunto, por considerarse el cierre de su carrera profesional.

Argumentos del Ministerio de Defensa

Desde la cartera de Presti defendieron la medida a través de un comunicado oficial, destacando los siguientes puntos:

• Idoneidad técnica: El Ministerio busca aprovechar los cuadros «más calificados» y con conocimiento especializado para la planificación estratégica de la defensa nacional.
• Igualdad ante la ley: El Gobierno sostiene que la normativa previa desalentaba la participación de militares en la gestión, al perjudicar su ascenso y carrera profesional por el tiempo dedicado a la función pública.
• Integración: Se busca fortalecer la conducción del sistema de defensa mediante una mayor simbiosis entre el personal civil y militar en actividad.

Críticas de la oposición: la neutralidad en juego

La medida generó una reacción inmediata del exministro de Defensa Agustín Rossi, quien denunció que el decreto está «hecho a la medida» de la actual conducción ministerial. Según Rossi, este cambio vulnera la neutralidad política que deben mantener las Fuerzas Armadas por mandato democrático.

El cuestionamiento principal radica en que, con este nuevo esquema, un militar podría ejercer un cargo político bajo una gestión partidaria y luego retomar el mando de una unidad operativa o un buque de guerra. Para la oposición, esto representa un «retroceso absoluto» y profundiza un proceso de politización de las Fuerzas Armadas y de militarización del Ministerio de Defensa.

Hasta hoy, el personal militar que aceptaba cargos políticos quedaba en disponibilidad por seis meses y luego pasaba a situación de pasividad, lo que usualmente terminaba en el retiro efectivo de la fuerza para evitar conflictos de intereses entre la obediencia militar y la función política.