Ocurrió en Córdoba. El fiscal lo imputó por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”. La mujer fue ultimada a golpes el último domingo en Córdoba.
En un inesperado giro en la causa, en las últimas horas detuvieron al militante de HIJOS Fernando Armando Albareda (53) acusado del crimen de su madre, Susana Beatriz Montoya (74).
Montoya era viuda de un policía desaparecido en dictadura, por lo que su asesinato ocurrido el último domingo tomó trascendencia nacional. Además, Albareda denunció que había recibido amenazas donde le decían que sería la próxima víctima.
Sin embargo, el fiscal sospechó de su coartada y ahora lo acusa no solo de la muerte de su madre, sino también de haber escrito las cartas amenzantes. La noticia fue confirmada por el fiscal Juan Pablo Klinger, quien imputó al sospechoso de “homicidio calificado por el vínculo”.
Un informé técnico del Área Grafocrítica del Poder Judicial cordobés estableció que la letra de las amenazas encontradas en la casa de Susana Montoya coincide con las de las amenazas denunciadas por el propio Fernando Albareda en diciembre del año pasado.
“Se ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”, señalaron en un comunicado desde fiscalía.
En los próximos días, se espera que Albareda sea trasladado a la sede de la Fiscalía para que le puedan tomar declaración.
Así fue el crimen de Susana Montoya
El crimen de Susana Montoya ocurrió el pasado 1 de agosto en una casa ubicada en el barrio Ampliación Poeta Lugones, en Córdoba. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, decía una de las amenazas que finalmente se determinó que fue escrita por el hijo de la víctima y presunto autor del asesinato, Fernando Albareda.
Montoya, además de que era madre de Fernando, era esposa del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la última dictadura cívico militar.
De acuerdo a lo informado por el medio La Voz, las primeras pericias indicaron que la víctima recibió un golpe provocado por un ladrillo o cascote pesado y luego un corte.
Desaparición forzada de Ricardo Albareda
El padre de Fernando, Ricardo Fermín Albareda, era policía y militante del ERP. Fue secuestrado durante la última dictadura y permanece desaparecido. Fernando fue parte de la agrupación HIJOS y es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, a cargo del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Hasta el año pasado dio charlas sobre derechos humanos a policías en formación.
La investigación judicial por las amenazas de diciembre, caratulada como “amenazas calificadas”, quedó a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad, y no logró resultados. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, recordó Albareda en una entrevista que dio al diario Página 12. En ese momento también contó que sufrió amedrentaciones durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2.
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. Tras ello lo llevaron al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2 era Raúl Telledín y operaba junto a Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente torturado y entre los ataques que recibió sufrió la mutilación de sus genitales. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.
Fernando Albareda encaró la reparación del legajo policía de su papá, amparado en la ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, había resaltado en su momento.