El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que la eventual aprobación de la ley que impulsa el Gobierno podría enfrentar un nuevo y prolongado frente judicial, quedando bajo revisión durante meses o incluso años.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, alertó sobre la fragilidad judicial de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Rosatti señaló que, una vez aprobada, la ley podría quedar «atrapada en un limbo judicial prolongado» debido al sistema de control de constitucionalidad argentino.

El Control «Difuso»

El magistrado explicó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es «difuso», lo que implica que «cualquier juez» del país puede declarar la invalidez de una ley. Esta dinámica podría generar una suspensión práctica de la reforma en distintos juzgados, generando un escenario de incertidumbre legal.

«Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad,» sostuvo Rosatti en una entrevista con Perfil.

Rosatti indicó que, si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema puede eventualmente unificar estos fallos, el proceso «lógicamente lleva su tiempo», lo que resultaría en meses o incluso años de decisiones contradictorias antes de alcanzar una resolución definitiva del máximo tribunal.

El presidente de la Corte recordó que este escenario ya se vivió con un segmento de la reforma laboral previa, incluida en la Ley Bases, que fue declarada inconstitucional por un juez del fuero laboral y todavía espera la resolución final de la Corte.

Cuestionamiento de una Cláusula de Obediencia

Rosatti fue consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula legal que obligue a los tribunales inferiores a acatar inmediatamente los fallos de la Corte. El magistrado respondió que si bien los legisladores «como poder podrían» hacerlo, esa norma, a su vez, «sería cuestionada y llegaría a la Corte» para evaluar su constitucionalidad.

El titular de la Corte también señaló que el 60% de las causas que resuelve el máximo tribunal provienen del Estado cuestionando fallos previsionales, un trabajo que se evitaría si los jueces no tuvieran que «decir siempre lo mismo». Para Rosatti, la solución es funcional: evitar que reformas estructurales queden paralizadas en el laberinto judicial.