Para construir la prisión, el Estado salvadoreño compró 166 hectáreas, 23 de las cuales albergan ocho pabellones ubicados dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo, protegido por alambradas electrificadas.
Con una megaproducción cinematográfica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele mostró el traslado de los primeros 2.000 de 40.000 pandilleros que serán recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión con celdas de castigo y fábricas en donde el mandatario aseguró que vivirán por décadas.
«Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población», indicó Bukele en Twitter junto a un video que mostraba el ingreso de pandilleros a la prisión.
La cárcel, ubicada a 74 kilómetros de la capital en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción dentro de 236 manzanas aisladas de la ciudad. Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.
Dos días antes del traslado, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 supuestos líderes de la mara MS-13, por múltiples crímenes en Nueva York, señaló a las pandillas de haber negociado con miembros del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para reducir homicidios a cambio de beneficios, así como con su rival la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y con el gobierno actual.
El señalamiento menciona reuniones organizadas por el gobierno salvadoreño y funcionarios como el director de centros penales y el director de Tejido Social para obtener beneficios a cambio de la reducción de homicidios y apoyo electoral en las elecciones legislativas de 2021. El gobierno no reaccionó al respecto.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022 hasta el viernes, las autoridades han capturado a 64.512 personas señaladas por ser pandilleros, de las cuales fueron después liberadas 3.745 y otras 3.344 han denunciado violaciones a derechos humanos, la mayoría por supuestas detenciones arbitrarias, ante la asociación Cristosal.
La prisión ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, aseguró a AP que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela, sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser obstáculo para la individualización del tratamiento de los detenidos.
Señalan como parámetro que en algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. Un complejo penitenciario diseñado para albergar 40.000 personas claramente sería incompatible con este estándar internacional, opinó.
Las impactantes imágenes, en la galería de abajo.
Fuente: Clarin