La acción, que forma parte de una estrategia que algunos interpretan como un intento de «ahogar» financieramente a provincias y municipios, busca «disimular» los aumentos en los servicios.

En el marco de una medida del gobierno de Javier Milei, la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, ha imputado a 95 empresas distribuidoras de energía eléctrica y gas por la inclusión de tasas y cargos municipales y provinciales en sus facturas. La acción, que forma parte de una estrategia que algunos interpretan como un intento de «ahogar» financieramente a provincias y municipios, busca «disimular» los aumentos en los servicios mediante la eliminación de tasas adicionales que reducían el monto total de las facturas para el consumidor final.

La medida se ampara en la reciente Resolución 267/2024, vigente desde el 11 de octubre, que prohíbe la inclusión de cargos no relacionados directamente con el servicio provisto. Según la resolución, las empresas tenían un plazo de 30 días para adaptarse a la nueva norma, que aplica a todas las empresas de servicios públicos en el país, además de otros proveedores de bienes y servicios.

Imputaciones

Las empresas imputadas, en su mayoría distribuidoras de servicios esenciales, operan en una vasta cantidad de localidades de Argentina, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En total, 244 expedientes fueron abiertos, uno por cada localidad en donde se identificaron las irregularidades.

Tras recibir la notificación, las empresas involucradas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. De no cumplir con la normativa, se prevén sanciones según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, con multas que podrían alcanzar hasta 2.130 millones de pesos por infracción, de acuerdo con el artículo 47, inciso b, de dicha ley.

Impacto

El gobierno de Milei sostiene que esta normativa busca aligerar la carga económica sobre los usuarios, que anteriormente absorbían el costo de tasas municipales y provinciales dentro de sus facturas. Sin embargo, críticos de la medida sugieren que, al prohibir la inclusión de tasas locales, el Ejecutivo estaría buscando debilitar la capacidad financiera de gobiernos provinciales y municipales que dependen de estos recursos para su funcionamiento.

Las facturas emitidas desde el 10 de octubre en adelante ya no pueden incluir cargos adicionales, como tasas o impuestos locales. Según la Secretaría de Comercio, esto se debe a las constantes denuncias de consumidores que señalaban la presencia de estos cargos en facturas de servicios esenciales, lo que generó múltiples reclamos y una queja generalizada en torno a la transparencia en la facturación de servicios públicos.

Reclamos

Desde que la resolución entró en vigencia, los consumidores cuentan con un canal directo para realizar denuncias de facturación indebida a través del correo electrónico denunciatufactura@comercio.gob.ar. Hasta el momento, la Secretaría ha recibido 2.705 reclamos en relación con el incumplimiento de la normativa, evidenciando una respuesta importante por parte de los usuarios.

Con estas acciones, el gobierno busca regularizar la estructura tarifaria y asegura que la medida permitirá mejorar la transparencia en la facturación de servicios básicos, unificando el costo del servicio y excluyendo cualquier tipo de carga adicional que no esté estrictamente relacionada con el contrato de suministro.