El gobierno de Javier Milei ejecutó este jueves una medida restrictiva sin precedentes al bloquear el acceso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada. A través de una decisión de la Casa Militar, se dieron de baja las huellas dactilares de más de 60 profesionales de medios nacionales e internacionales, impidiéndoles el ingreso a Balcarce 50 de manera indefinida.
La medida, de carácter «preventivo», fue justificada por el oficialismo bajo el argumento de una presunta investigación por espionaje ilegal tras la difusión de un informe periodístico en la señal TN.
El origen del conflicto: acusaciones de espionaje
La tensión escaló luego de que se emitieran imágenes de los pasillos internos de la sede gubernamental. Según la versión oficial:
- Seguridad Nacional: El Gobierno sostiene que se filmaron rutinas de seguridad presidencial sin autorización, lo que motivó una denuncia penal contra los responsables.
- Denuncia judicial: La Casa Militar encuadró el hecho como un delito contra la seguridad de la Nación, alegando que se vulneraron protocolos críticos.
- Postura de la prensa: Los periodistas acreditados aseguran que las grabaciones contaban con los permisos correspondientes y que no revelaban información sensible que pusiera en riesgo la integridad del edificio o del mandatario.
Hostilidad en redes y respaldo presidencial
El clima de confrontación se vio agravado por la actividad del presidente Javier Milei en sus perfiles oficiales. El mandatario replicó y avaló mensajes de alta agresividad que calificaban a los trabajadores de prensa como «basuras humanas» y exigían la revocación permanente de sus credenciales junto con penas de prisión.
Esta postura refuerza la retórica de confrontación directa que el Ejecutivo mantiene con diversos sectores del periodismo desde el inicio de la gestión.
Impacto en la libertad de expresión
La suspensión por tiempo indeterminado de las acreditaciones genera un vacío informativo en la sede de Gobierno:
- Sala de periodistas vacía: Por primera vez en décadas, el espacio destinado a la cobertura diaria de la actividad oficial quedó desierto.
- Cancelación de conferencias: La medida anula de facto la posibilidad de realizar preguntas y pedir aclaraciones sobre los actos de gobierno en las habituales rondas de prensa.
- Repudio institucional: Diversas asociaciones de prensa y sectores de la oposición advirtieron que la prohibición constituye un grave retroceso en materia de libertad de expresión y una barrera institucional que impide el control democrático de los actos públicos.
Mientras la orden directa de Presidencia se mantiene firme, crece la incertidumbre sobre cuándo y bajo qué condiciones se restablecerá el acceso a la información en la Casa de Gobierno.