El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en el Senado, José Mayans, lanzó una dura advertencia este domingo sobre el futuro de la paz social en Argentina. Para el legislador formoseño, la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo es un retroceso jurídico, sino que actuará como un catalizador de conflictos en todo el país.

“Cuando el salario no alcanza para vivir y se quitan derechos, el conflicto es inevitable”, sentenció Mayans en declaraciones radiales, marcando el tono de la resistencia que el peronismo llevará adelante tanto en el Congreso como en la justicia.

Los ejes del rechazo de Unión por la Patria

El senador detalló los motivos por los cuales el bloque opositor considera que la norma es inviable y dañina para el tejido social:

• Inconstitucionalidad: Mayans sostiene que el proyecto vulnera directamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos laborales. Anticipó que habrá una lluvia de presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
• Desfinanciamiento previsional: Criticó la creación del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), asegurando que se le quitan recursos a la Anses y a los jubilados para financiar el sistema de despidos.
• «Ley de patrones»: Calificó la iniciativa como una normativa diseñada exclusivamente para el sector empresarial, redactada de forma «improvisada» y sin consenso con los representantes de los trabajadores.

Un clima de alta tensión en las calles

La advertencia de Mayans no es aislada. Se da en un contexto de creciente movilización y enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso.

• Conflictividad social: El legislador vinculó la reforma con las tensiones que ya se viven en las provincias y las protestas recientes que terminaron con incidentes y detenciones, como la del denominado «anarquista de la molotov».
• El rol de la CGT: Sus palabras sintonizan con la postura de la Confederación General del Trabajo, que ya analiza la convocatoria a un paro general para esta semana, argumentando que están dadas las condiciones ante la falta de diálogo oficial.

Desde el oficialismo, la defensa se mantiene firme en la necesidad de «modernizar» el mercado para bajar la informalidad, pero para la oposición, el costo de esa modernización será una degradación irreversible de las condiciones de vida de los trabajadores argentinos.