En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional realizó una presentación formal ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska. El objetivo central de la defensa argentina es suspender el proceso de discovery (intercambio de pruebas) y anular el pedido de desacato promovido por los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital.
La Procuración del Tesoro de la Nación argumentó que las demandas de información han escalado hacia un «hostigamiento sistemático» que vulnera la soberanía del país y las relaciones internacionales con Estados Unidos.
Defensa de la privacidad y activos soberanos
El planteo oficial busca poner límites a las medidas que pretenden rastrear activos embargables para cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares:
- Protección de comunicaciones: El Gobierno calificó como «inaceptable e invasivo» el pedido para acceder a correos electrónicos y chats privados de funcionarios actuales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo.
- Inmunidad del oro: Se rechazó de plano la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central (BCRA). La defensa sostiene que estos activos gozan de inmunidad de ejecución y son, por naturaleza, inejecutables.
- Cumplimiento previo: La administración de Javier Milei enfatizó que, desde diciembre de 2023, Argentina ha cumplido con un volumen de entrega de información «sin precedentes», por lo que considera injustificado el rótulo de «desacato».
«Arena en los engranajes» de la economía
La Procuración del Tesoro fue tajante al denunciar la estrategia de los beneficiarios del fallo. Según el documento presentado, los demandantes buscan explícitamente «poner arena en los engranajes» de la recuperación económica argentina, transformando una herramienta jurídica en un obstáculo para el funcionamiento del Estado.
El Gobierno ratificó que agotará todas las instancias legales para proteger el patrimonio nacional y frenar lo que considera pedidos ilegítimos que vulneran la Constitución y los principios del derecho internacional. La jueza Preska deberá ahora definir si concede la suspensión solicitada o si mantiene la presión sobre el Estado para que entregue la información requerida.