En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, la jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina para frenar el proceso de identificación de activos estatales (conocido como discovery). Esta resolución deja al país expuesto a que los beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones localicen bienes de la República en el exterior para avanzar con pedidos de embargo.

La magistrada argumentó que la Argentina tuvo múltiples oportunidades para suspender la ejecución de la sentencia mediante una fianza mínima, pero que optó por estrategias dilatorias para eludir sus obligaciones.

Claves del fallo judicial

La decisión de la jueza Preska se fundamenta en la falta de cumplimiento de las condiciones impuestas previamente al Estado argentino:

• Fianza rechazada: El tribunal recordó que el país no concretó la prenda sobre las acciones de YPF ni las cuentas de Yacyretá que se habían fijado como garantía alternativa.
• Sin protección desde enero: Al no haber depositado garantías, la sentencia se considera ejecutable. «La sentencia contra la República no estuvo suspendida desde enero de 2024», sentenció la jueza.
• Riesgo de desacato: Preska también denegó el pedido de frenar la entrega de comunicaciones personales de funcionarios, un punto de alta sensibilidad política y legal.
• Protección a los demandantes: El fallo sostiene que una nueva suspensión de último momento perjudicaría materialmente a quienes buscan cobrar la millonaria indemnización desde hace más de dos años.

Consecuencias inmediatas

Con esta orden, los abogados de los demandantes —liderados por el fondo Burford Capital— tienen vía libre para interrogar a entidades financieras y organismos públicos con el fin de detectar fondos, inmuebles o activos comerciales que no estén protegidos por la inmunidad soberana.

Aunque el Gobierno argentino mantiene su apelación sobre el fondo de la cuestión, este revés procedimental acelera la presión financiera sobre el Tesoro Nacional en un momento de extrema escasez de divisas.