El Círculo de la Prensa de Santiago del Estero rechaza enérgicamente la medida arbitraria y centralista tomada por el director ejecutivo de Radio Nacional, Héctor Caballero, al imponer programación de LRA1 Buenos Aires a todas sus filiales en el país. Esto implica un atropello al federalismo al censurar la producción de contenido local en las 49 emisoras que conforman la red más grande de Argentina. Esta decisión cuestionable impacta en LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, que verá notoriamente reducido su contenido local, con un evidente perjuicio para sus trabajadores y su audiencia.

El jueves se giró la circular que dispuso que desde este lunes 8 de julio se emitiera de forma obligatoria el programa “Ramos Generales”, conducido por el actor Diego Ramos, cuyo contrato y el de su equipo contrasta con la política de austeridad que declama el gobierno. Como en otras gestiones a las que critica, el gobierno de Javier Milei repartió cargos directivos y contratos millonarios entre adherentes a su causa. Esto mientras los salarios de los trabajadores se licuaron vertiginosamente.

Con la excusa de ser un programa “federal”, con la participación de todas las filiales, se toma el horario de 7 a 9 de la mañana, lo que lisa y llanamente implica descartar o recortar programación local. Unas dos filiales saldrían con informes por día, lo que matemáticamente sugiere que cada una de las 49 apenas tendrá menos de una oportunidad de salir al mes, siempre y cuando se aprueben previamente las temáticas propuestas. Esto empobrece la diversidad de voces y la amplitud de la agenda a la que accedían las audiencias de Radio Nacional.

A eso se deben sumar las cotidianas conferencias de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, que ocupan una media hora y también son obligatorias, lo que reduce de 5 horas a una hora y media de contenido propio, sólo por las mañanas.

Los informativos nacionales de las 6, el mediodía y la noche son históricamente obligatorios. Pero a eso se suma otro programa de toma ineludible, de 13 a 14, más la programación deportiva que ocupa gran parte del horario nocturno durante casi toda la semana.

Ni siquiera se permite la opción de emitir toda la programación de Buenos Aires por una de las dos frecuencias (AM y FM), para dejar liberada la otra para el contenido local. Este avance convierte a las emisoras del interior en cuasi-repetidoras de la bajada de línea del gobierno libertario y pone en riesgo las fuentes de trabajo por dejar sin funciones a muchos trabajadores. Ahora se ven compelidos a buscar alternativas para generar producciones propias para los espacios que dejan libre los horarios ocupados por la programación de Buenos Aires, o modificar sus horarios laborales. También se los insta a vender publicidad, para volver sustentables las emisoras, cuando ya ni siquiera existen áreas comerciales. 

Pero, para no dejar dudas de que se trata de un acto de censura, en la misma circular de Caballero se recomienda no abordar temas políticos y abocarse a la cultura y la música.

Esta política ya tuvo un anticipo al cerrar la página de Nacional y las cuentas en redes sociales, que luego fueron reabiertas, pero con un control centralizado desde Buenos Aires. Los empleados a cargo de redes del interior deben pasar el filtro de esos nuevos administradores para que se publiquen noticias de sus provincias.  

La gestión de Caballero, un productor musical devenido en directivo, también levantó del aire el ciclo más longevo de la radiofonía, “Las dos carátulas”, con 73 años. Los programas externos quedaron en un limbo y dejaron de emitirse, entre ellos “El Alero quichua-santiagueño”, fundado por Sixto Palavecino, que tiene más de 50 años de trayectoria y premios por su difusión de la lengua quichua.

A eso debe sumarse un estado de deterioro general de las emisoras, que sufren abandono desde hace años, pero que ahora sus empleados deben afrontar incluso con dinero de sus bolsillos para cubrir necesidades elementales.

Estas decisiones inconsultas y autoritarias sobrevinieron después que la intersindical de Radio Nacional realizara una fuerte campaña para lograr que se la excluyera de las empresas del Estado a privatizar en la ley Bases. Aunque el gobierno no descarte una nueva embestida contra los medios públicos, este nuevo avasallamiento pareciera una revancha contra los trabajadores.

El Círculo de la Prensa se solidariza con los trabajadores de Radio Nacional y condena esta política unitaria y contraria al derecho a la información que tienen las audiencias locales de cada una de las provincias, y que además violenta uno de los principios fundamentales de la ya mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.