La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes su ofensiva judicial contra la reforma laboral de Javier Milei. La presentación de un recurso de amparo tuvo lugar ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 7, el mismo despacho que encabeza el juez Enrique Lavie Pico, quien en 2024 ya había frenado capítulos clave del DNU 70/23.
La central obrera argumenta que la nueva normativa, ya oficializada por el Ejecutivo, atenta contra la columna vertebral de la justicia social y el derecho del trabajo en Argentina.
Los ejes del documento: ¿Qué derechos se consideran vulnerados?
El escrito judicial de la CGT se apoya en dos pilares jurídicos fundamentales para solicitar la suspensión de la ley:
- Principio de Progresividad (No regresión): Sostienen que el Estado no puede adoptar medidas que signifiquen un retroceso en derechos ya adquiridos por los trabajadores sin una justificación de fuerza mayor.
- Principio Protectorio: El documento enfatiza que la ley ignora la «desigualdad estructural» entre empleador y trabajador, dejando a este último desprotegido frente a posibles abusos.
Puntos específicos en conflicto
La CGT detalló los artículos y cambios que considera más lesivos para la clase trabajadora:
- Jornadas y Salarios: Cuestionan la habilitación de jornadas de hasta 12 horas, la quita de recargos por horas extras y la posibilidad de reducciones salariales.
- Indemnizaciones (FAL): Rechazan que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas a través del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
- Derechos Colectivos: Advierten riesgos directos sobre el derecho a huelga, la libre agremiación, la libertad sindical y la negociación colectiva (artículo 14 bis de la Constitución).
- Blanqueo y Sanciones: Objetan la eliminación de multas y sanciones para aquellos empleadores que no realizaron los aportes previsionales correspondientes.
El escenario judicial
Con este amparo, la reforma laboral entra en una zona de incertidumbre técnica. La decisión de Lavie Pico será determinante: el magistrado deberá evaluar si dicta una medida cautelar que suspenda la aplicación de los artículos cuestionados mientras se analiza si la ley es constitucional o si, por el contrario, permite que la reforma siga adelante.
Esta estrategia judicial complementa el plan de lucha de la central obrera, que ya incluyó movilizaciones masivas y no descarta nuevas medidas de fuerza si la Justicia no frena lo que consideran un «desguace» de la Ley de Contrato de Trabajo.
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