A través de un duro comunicado difundido este viernes 2 de enero, la CGT manifestó su rechazo total al DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. La central sindical calificó la medida de «arbitraria y peligrosa», advirtiendo que los cambios en la SIDE representan una amenaza directa a las garantías constitucionales y las libertades individuales.

Los ejes del rechazo sindical

Para la conducción de la CGT, el decreto no solo elude el control del Congreso, sino que introduce cambios que consideran «regresivos» para la democracia argentina:

• Falta de control parlamentario: El gremio sostiene que una reforma de esta magnitud debe ser debatida en el Poder Legislativo y no impuesta por decreto.
• Riesgo de persecución: Alertan que la nueva estructura podría transformar a los agentes de inteligencia en una suerte de «fuerza parapolicial» con facultades para realizar detenciones sin orden judicial previa.
• Inteligencia interna: La central cuestiona la habilitación para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia interior, algo que está estrictamente limitado por las leyes vigentes desde el retorno de la democracia.
• Ataque a la prensa: El documento menciona que las facultades de persecución por «fuga de información» podrían utilizarse como una herramienta de censura y hostigamiento contra el periodismo.

Un «complemento represivo» del ajuste

La central obrera vinculó esta reforma con el contexto socioeconómico actual. Según el comunicado, estos cambios en el sistema de inteligencia funcionan como un «complemento represivo» necesario para sostener un programa de ajuste que consideran insostenible en el tiempo.

«Se configura una grave amenaza sobre los derechos garantizados por la Constitución», sentenciaron, ubicando esta reforma en el mismo nivel de gravedad que la reforma laboral que el Gobierno intenta impulsar en el Congreso.

Contexto de tensión

Este rechazo se da en un inicio de año marcado por la conflictividad, donde la CGT busca consolidar un frente de resistencia no solo en lo laboral, sino también en lo institucional, argumentando que el modelo de seguridad propuesto se aleja de las prioridades del pueblo argentino.