La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este jueves que se movilizará la próxima semana a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto ya fue enviado al Congreso para su tratamiento.
La medida fue definida en una reunión de la mesa chica, y la reforma se convirtió en el «eje central del análisis político, social, económico y laboral del país» para los dirigentes sindicales.
Críticas al proyecto y al informe oficial
La CGT expresó fuertes críticas al proyecto, señalando que muchas de sus definiciones tienen un «sesgo ideológico antes que pragmático» y denuncian una «fuerte coincidencia» con la propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Los dirigentes también criticaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por «omitir aspectos clave» del informe del Consejo de Mayo, un documento que, según la CGT, contiene «agresiones hacia los trabajadores», haciendo referencia a «trabas», «aprovechamientos sindicales» e ironizando sobre la actividad laboral.
La central sindical remarcó que el informe no menciona su postura formal de rechazo explícito a los lineamientos discutidos.
Puntos sensibles del conflicto
Uno de los aspectos más sensibles es el sistema de retención de cuotas sindicales. El texto propuesto señala que los empleadores podrán actuar como agentes de retención solo si se cumplen tres condiciones:
- Conformidad expresa del trabajador.
- Acuerdo entre las partes.
- Autorización de la Secretaría de Trabajo.
Además, el proyecto advierte que cualquiera de las partes podrá revertir el acuerdo con 30 días de anticipación.
Diagnóstico y estrategia
La CGT asegura que el país atraviesa un “industricidio”, con el cierre de más de 18.000 pymes y la destrucción de 300.000 empleos formales.
La conducción sindical enfatizó que:
- No existió negociación previa con los actores productivos y trabajadores.
- Expresan un rechazo total a cada uno de los puntos del proyecto.
- Anticipan una estrategia política y judicial para frenarlo.
Según la central, varios artículos son «claramente inconstitucionales», vulneran el principio protector del derecho laboral y derogan derechos adquiridos en sectores como el periodismo, los viajantes, choferes particulares y enfermería. La CGT concluyó que buscarán explicar a «cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse».