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También rechazó un recurso de Cristina Kirchner contra la querella de una ONG.

La Corte Suprema confirmó este jueves la condena a 10 años de prisión contra Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como «Ruta del Dinero K».

La condena del empresario, igual que la de sus hijos y otros allegados, quedó firme por resolución de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano, a cargo del Juzgado de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, titular de la Cámara Federal de Corrientes, que habían sido convocados por sorteo a intervenir.

Los cuatro magistrados entendieron que el planteo de las defensas era «inadmisible» por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mientras que Carlos Rosenkrantz opinó en minoría que había que darle intervención a la Procuración General de la Nación, en manos de Eduardo Casal de forma interina, para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.

La causa investigó si Báez y su entorno lavaron dinero de la empresa Austral Construcciones, entre diciembre de 2010 y abril de 2013. La firma era dirigida por el empresario cuya sentencia se ratificó este jueves y fuentes ligadas a la causa pretendieron que su responsable «logró la expatriación de fondos de origen ilícito, provenientes de sobreprecios en la obra pública y evasión de impuestos, y su posterior reingreso por un total de USD 55 millones».

El juicio se realizó entre 2018 y 2021 y tramitó ante el Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez. Los primeros dos conformaron mayoría y sentenciaron a Báez a 12 años de cárcel «por lavado de activos agravado».

Las penas alcanzaron, además, a sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Melina y Luciana, Rodolfo Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Federico Elaskar y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.

El objetivo de la querella era probar que el dinero que lavaban los acusados provenía de la corrupción de la obra pública de Santa Cruz. A contramano de sus colegas, López Iñíguez indicó que no se podía probar la conexión entre ambas causas.

La principal diferencia entre Costabel y Palliotti con respecto a López Iñíguez estuvo en la consideración de la existencia del delito precedente: el objetivo de la querella era probar que el dinero que lavaban los acusados provenía de la corrupción de la obra pública de Santa Cruz. A contramano de sus colegas, López Iñíguez indicó que no se podía probar la conexión entre ambas causas.

El abogado de Báez, Juan Villanueva, comentó a LPO que por aquellos años «intentaron quebrar» a su defendido, con la detención de sus hijos y la divulgación de audios de conversaciones con su pareja en programas televisivos. El objetivo era que el empresario terminara declarando e involucrando a Cristina Kirchner.

Durante el juicio, Villanueva presentó documentación para demostrar que Báez remitió fondos a Suiza y que su origen eran las ganancias de Austral Construcciones. Lo paradójico es que el empresario repatrió buena parte de los 55 millones por los cuales se lo investigaba para participar, como socio de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de Iecsa, en la licitación por las represas de Santa Cruz.

Por lo demás, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron sin disidencias los recursos de Cristina contra la investigación que se reabrió en su contra.

Sebastián Casanello dictó hace seis años su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, y en 2022 la defensa de la ex Presidenta pidió el sobreseimiento.

En mayo de 2023, el fiscal Guillermo Marijuan llegó a atribuirles al empresario condenado y la ex mandataria «entrañable cercanía, vínculo y amistad» pero reconoció que eso no le alcanzaba para avanzar en el proceso. En un fallo de tres páginas, Casanello determinó que «no habiendo acusación no hay proceso penal posible» y la absolvió.

Sin embargo, la asociación civil Bases Republicanas, una organización en la que participaría el ex secretario de Legal y Técnica macrista, Pablo Clusellas, reclamó ser parte de la causa. Casanello desestimó el pedido pero la Cámara Federal le dio curso, aceptó a esa entidad en el expediente y luego revocó el sobreseimiento de la ex Presidenta.

La defensa de Cristina fue en queja a la Corte Suprema con planteos contra los rechazos a las recusaciones de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Gustavo Hornos. También objetó la admisión de la ONG como querellante y la revocación de su sobreseimiento pero los jueces supremos consideraron que esos planteos no se dirigían contra una sentencia definitiva.

Tras la definición del Palacio Talcahuano, le tocará al TOF 4 recalcular la pena para aquellos que ya estuvieron un tiempo en prisión y evaluar si deben volver a ser arrestados, ordenar detenciones para quienes permanecieron durante el proceso en libertad o ejecutar el cumplimiento de la sentencia para los que acreditaban una pena en suspenso.

Fuente: lapoliticaonline.com