Sin apuro, los jueces tramitan causas contra los recortes de fondos que dispuso el Presidente y el DNU 70/23; malestar en el Gobierno por la indefinición
No es un secreto en los tribunales que la postulación del juez federal Ariel Lijo como futuro integrante de la Corte Suprema de Justicia irritó a una parte de los cortesanos. Lijo fue propuesto por Javier Milei, pero su nombre fue impulsado por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Los otros tres magistrados, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que suelen tener posiciones en común en cuanto a la gestión del máximo tribunal, están incómodos ante esa candidatura, que cosechó un rosario de objeciones de asociaciones de jueces, de abogados y de empresarios.
Milei además propuso al académico Manuel García Mansilla para ocupar la vacante que dejará el 29 de diciembre el juez Maqueda, que cumple 75 años. Para hacerlo, cambió un decreto y forzó el tratamiento anticipado del recambio. El Presidente casi que empujó a Maqueda fuera de la Corte, cuando le restan ocho meses en el cargo.
Tanto apuro de Milei en delinear una nueva Corte Suprema respondería a la disconformidad que tiene el Presidente con los jueces del máximo tribunal. En particular, está molesto por las demoras de la Corte en analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue fundacional de su Gobierno y cuyo capítulo laboral está en suspenso.
Apenas publicado el decreto, llovieron los recursos de amparo con pedidos de medidas cautelares para impedir su aplicación. El DNU sigue vigente, aunque solo quedó afectado su capítulo laboral. Pero la Corte no se pronunció. El máximo tribunal tenía en sus manos una de estas medidas cautelares, pero puso el asunto en el freezer. Mandó la causa a la Procuración y pospuso el caso hasta después de la feria judicial de enero. Nada sucedió. La Corte no tiene plazos y máxime cuando es la política la que esta analizando el DNU. Así incluso lo reconoció públicamente Rosatti.
De hecho desde diciembre pasado, que se presentó, el DNU ya fue rechazado por el Senado y ahora hay expectativa para ver qué ocurre en Diputados. Si allí es rechazado, el decreto caerá. En cambio, si el oficialismo logra su aprobación o se demora su tratamiento, habrá ganado porque la normativa seguirá vigente, salvo lo referido a lo laboral, que fue declarado inconstitucuonal por la Cámara del Trabajo.
La Corte también acumula demandas de las provincias contra el Gobierno nacional por los sucesivos recortes de fondos. Los reclamos provinciales ya suman 600.000 millones de pesos. Cada vez que MIlei destrata públicamente a los gobernadores, se gana un nuevo escrito que aterriza en la mesa de entradas virtual de la Corte, en el cuarto piso de los tribunales.