En una resolución que marca el cierre definitivo de un largo proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo adverso contra el exintendente de La Banda, Héctor Eduardo Ruiz. El máximo tribunal del país desestimó el recurso de queja presentado por el dirigente, ratificando así las decisiones previas que le impidieron asumir una banca en la Legislatura santiagueña debido a su inhabilidad moral.
Con la firma de los magistrados nacionales este 10 de febrero de 2026, se agotan todas las instancias de apelación posibles, dejando firme la postura de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero.
Los detalles del fallo judicial
La Corte Suprema aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que le permite rechazar recursos extraordinarios cuando son considerados inadmisibles o carecen de agravio federal suficiente. Los puntos clave de la sentencia incluyen:
- Rechazo de la queja: El tribunal desestimó la presentación directa interpuesta por la defensa de Ruiz, lo que implica que el fondo de la cuestión (su exclusión de la Cámara) queda firme.
- Pérdida del depósito: Como consecuencia del rechazo, se declaró perdido el depósito judicial realizado para acceder a esta instancia.
- Cierre de la causa: Con la orden de notificación y archivo, el expediente CSJ 1441/2024/RH1 queda formalmente concluido.
Antecedentes y el concepto de inhabilidad moral
El revés judicial se fundamenta en la condena previa de Ruiz, quien en un juicio abreviado confesó ser el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer que había acudido a su despacho municipal en busca de empleo.
Este antecedente penal fue el eje central para que los cuerpos legislativos aplicaran la figura de la inhabilidad moral:
- En el Concejo Deliberante: Fue expulsado de su cargo como edil en la ciudad de La Banda.
- En la Legislatura Provincial: La Cámara de Diputados le denegó en dos oportunidades la incorporación al cuerpo, argumentando que su conducta criminal era incompatible con la ética requerida para representar a la ciudadanía.
Este fallo de la Corte Suprema sienta un precedente significativo sobre la facultad de las cámaras legislativas para evaluar la idoneidad moral de sus miembros basándose en condenas por delitos contra la integridad sexual, cerrando definitivamente la posibilidad de que el exmandatario bandeño ocupe cargos públicos por esta vía.