Los peritos contables del máximo tribunal actualizaron el perjuicio económico ocasionado al Estado por la maniobra de corrupción con la obra pública en Santa Cruz. La cifra supera los 684 mil millones de pesos y alcanza a nueve personas condenadas.

El monto final que deberán presentar Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad ascendió a $684.990.350.139,86, es decir, unos 537 millones de dólares, luego de que los peritos de la Corte Suprema lo actualizaran. La cifra representa el presunto daño patrimonial que, según la Justicia, sufrió el Estado por irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a la empresa de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. 

Además de la expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a pesar de las irregularidades detectadas en el proceso judicial, el fallo también recayó sobre el propio Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios nacionales y provinciales vinculados a la ejecución de obra pública en Santa Cruz.

En todos los casos, la sentencia incluye decomisos y multas, que serán ejecutadas si no hay pago voluntario. El artículo 23 del Código Penal habilita la confiscación como mecanismo de reparación del daño, por lo que se iniciará el procedimiento para individualizar bienes embargables.

En 2016, al momento del procesamiento, el juez Julián Ercolini había fijado un embargo preventivo de $10.000 millones contra la entonces presidenta. La cifra base del perjuicio estimado entonces era de $46.000 millones, que más tarde se elevó a $86.000 millones y que ahora fue actualizado a más de $684.000 millones. Esta actualización se traduce en legajos individuales para ejecutar los bienes de los condenados.

La expresidenta declaró en su última presentación ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $250 millones, sin propiedades a su nombre. Desde 2016 transfirió sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y solo mantiene el usufructo de tres propiedades. En paralelo, continúa activa una demanda civil por daños y perjuicios iniciada por el Estado en 2016, que reclama $22.300 millones por rutas que no habrían sido terminadas. 

politicargentina.com