La presentación realizada por Leila Gianni, la subsecretaria legal de la cartera que conduce Pettovello, fue sorteada este lunes.

Este lunes se sorteó la denuncia realizada por el Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano y la causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo.

Leila Gianni, subsecretaria legal de la cartera que conduce Sandra Pettovello, es quien lleva adelante la presentación que fue caratulada como averiguación de delito. Se investigan contrataciones irregulares por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que hasta la semana pasada estuvo a cargo dePablo De la Torre, echado por la polémica de los alimentos almacenados a punto de vencer en depósitos del Ministerio.

El magistrado que fue sorteado para el caso, Ariel Lijo, es el candidato del presidente Javier Milei para ocupar uno de los puestos disponibles en la Corte Suprema.

La denuncia apunta al presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Hay versiones de que el mecanismo de contrataciones a través de esta organización fue una solución a la necesidad de personal debido a la falta de designaciones oficiales, y que también habría sido utilizado por otras secretarías, incluida la de Trabajo, que también depende de Pettovello.

Todo sucede en medio del escándalo por los alimentos almacenados en depósitos de Capital Humano que no fueron repartidos y provocaron la intervención del juez Sebastián Casanello. El mismo ordenó una serie de allanamientos en los galpones.

Esta polémica generó, también, la salida del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, a quien la ministra Pettovello decidió echar y posteriormente denunciar ante la Oficina Anticorrupción.La denuncia que ahora comenzará a tramitar la justicia detalla el relato de Federico Fernández, un empleado de la Dirección General Administrativa del ministerio, quien aseguró que “el día 24 de enero de 2024 presenció una reunión de la cual participaron el exsecretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli; la Jefa de Gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), Lucía Raskowsky, y el ex subsecretario de administración de la Sennaf que no llegó a ser nombrado, Agustín Sanchez Sorondo”.

De acuerdo a la presentación, en esa reunión “se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal”. “En dicha reunión, el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de 50 funcionarios que ya estaban trabajando allí”, explicó. Fernández tenía entendido que ese nombramiento contaba con el aval de Raskowsky.

Según el relato del empleado, Keczeli dijo que no era posible designar a 50 personas hasta que se resolviera la nueva estructura del Ministerio. “En ese momento, Sánchez Sorondo sugirió efectuar la contratación referida a través de OEI”, explicó y señaló que algunos de esos empleados no podrían facturar su trabajo “por su situación impositiva, y el problema de los sueldos, debido a que el tope de facturación es $1.300.000 en estas contrataciones, mientras que para los directores, siempre y cuando la experiencia, la edad y la profesión lo permita, el sueldo promedio alcanza un rango aproximado de $2.500.000.”

En el texto se detalla que el secretario de Coordinación “dispuso avanzar con las contrataciones por un período de tres meses, es decir, que los contratos finalizarían el 31 de marzo de 2024″, además, se remarca que “en ese momento no se había conformado ninguna lista de las personas que iban a contratar.”

Desde entonces, con estas autorizaciones, comenzaron a enviarle a Fernández diferentes currículums para contratar personas, pero que en febrero comenzó la cadena de “renuncias de subsecretarios no nombrados, directores en la misma situación y sus asesores, quedando vacías diferentes posiciones de la Sennaf.”

Al mismo tiempo se mantenían las contrataciones bajo la forma OEI, que empezaron a cobrarse a comienzos de marzo. En la primera semana de abril se cobraron la totalidad de los contratos. Fernández declaró que actualmente no hay contratos vigentes, es decir, que la liquidación de salarios se habría normalizado en el ministerio.

Sin embargo, sobre el final el funcionario aseguró que “el dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones.”