La Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la dirección de Daniel Vítolo, decidió frenar de manera provisoria la intervención mediante un veedor oficial en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida responde a una mejora en la entrega de documentación contable por parte de la entidad que conduce Claudio «Chiqui» Tapia, lo que el organismo interpretó como un «cambio de actitud» positivo.

Si bien esto representa un alivio para la conducción de la calle Viamonte, la IGJ advirtió que el análisis de los balances no ha concluido y que cualquier irregularidad futura reactivará el pedido de fiscalización externa.

Los puntos clave del acuerdo técnico

La decisión administrativa se sustenta en una serie de avances detectados tras las últimas audiencias con los auditores de la AFA:

• Desagregación de balances: En el ejercicio cerrado a junio de 2024, la AFA comenzó a detallar partidas de dinero que antes aparecían de forma global, facilitando el control estatal sobre el origen y destino de los fondos.
• Periodo auditado: El organismo de control revisa los estados contables comprendidos entre los años 2017 y 2024.
• Foco en la UNAFA: El martes 20 de enero vence el plazo para que la AFA explique el financiamiento y funcionamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA), un punto que todavía genera dudas en la inspección.

El conflicto por el cambio de jurisdicción

Otro frente de conflicto que parece entrar en una etapa de distensión es el traslado del domicilio legal de la AFA a la Provincia de Buenos Aires. Daniel Vítolo aclaró que la IGJ no tiene la intención de retener a la entidad bajo su órbita por la fuerza, pero insistió en que el trámite debe cumplir estrictamente con los requisitos legales para que el traspaso sea válido.

Asimismo, desde el organismo subrayaron que no existen imputaciones penales contra los directivos de la AFA en este expediente, sino que se trata de un proceso de fiscalización administrativa estándar que se vio demorado por la reticencia inicial de la asociación.

Señal de tregua política

Este movimiento de la IGJ es visto como un gesto de distensión entre la Casa Rosada y la AFA. Tras meses de declaraciones cruzadas por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las reelecciones de autoridades, el Gobierno optó por una vía más técnica y menos confrontativa, al menos mientras la documentación presentada sea consistente.