A través de una carta abierta, obispos integrantes de las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas manifestaron su firme oposición al proyecto de ley que busca reducir la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 13 años. Los representantes eclesiásticos advirtieron que esta medida, lejos de solucionar la inseguridad, podría profundizar los conflictos sociales que afectan a la juventud.
La postura de la Iglesia se suma a un debate nacional intenso, donde el Gobierno impulsa el endurecimiento de las penas para menores, mientras diversos sectores sociales alertan sobre la vulneración de los derechos de la niñez.
Críticas al «oportunismo electoral» y al uso del dolor
En el comunicado, los obispos fueron contundentes al calificar la iniciativa como una maniobra marcada por el oportunismo electoral. Según los referentes religiosos, se observa un uso del «dolor social con fines mediáticos», desplazando el foco de las soluciones de fondo hacia medidas punitivas de impacto rápido.
Los puntos centrales del reclamo eclesiástico incluyen:
- Prioridad en la prevención: Llamaron al Estado a fortalecer las políticas de educación y salud mental, considerándolas herramientas más eficaces que el encierro.
- Contexto de vulnerabilidad: Señalaron que el encarcelamiento temprano de adolescentes no favorece la reinserción, sino que suele agravar las conductas delictivas al insertar a los jóvenes en sistemas carcelarios deficientes.
- Compromisos internacionales: Si bien aceptaron la necesidad de actualizar la legislación vigente, subrayaron que cualquier cambio debe respetar los tratados internacionales de derechos de la niñez a los que Argentina adscribe.
Un enfoque basado en la reinserción
La Iglesia reafirmó que el camino para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal debe ser la prevención y la reinserción social. En lugar de recurrir al encarcelamiento como primera respuesta, propusieron un modelo que contenga a los adolescentes dentro de sus comunidades, garantizando derechos básicos que hoy se encuentran vulnerados.
Esta declaración busca incidir en la agenda legislativa, pidiendo a los diputados y senadores que analicen el proyecto desde una perspectiva integral y no meramente castigatoria.