Condena firme, antecedentes legislativos adversos, estándares constitucionales, normas internacionales y un conflicto de intereses abierto: todos estos elementos confluyen en una misma conclusión, coinciden los especialistas.
La posible asunción de Héctor “Chabay” Ruiz como diputado provincial reabrió un debate institucional profundo en Santiago del Estero: ¿puede un dirigente con condena firme por abuso sexual ocupar una banca legislativa? El caso, que ya generó tensiones en períodos anteriores, vuelve a escena con un elemento adicional: el dirigente de Despierta Santiago mantiene un juicio contra la propia Cámara de Diputados, hoy bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una condena que marcó un precedente institucional
Ruiz fue condenado por abuso sexual cometido contra una mujer que acudió a su despacho en busca de trabajo durante su gestión como intendente de La Banda. La sentencia quedó firme y, aunque no implicó prisión efectiva, sí configuró un delito contra la integridad sexual, considerado uno de los más graves en el marco de la función pública.
La condena no solo dejó una marca judicial: produjo consecuencias políticas. Ruiz fue expulsado del Concejo Deliberante de La Banda por “inhabilidad moral” y, más tarde, la Legislatura provincial le impidió asumir una banca en el período anterior basándose en el mismo criterio.
El principio de idoneidad moral
Constitucionalistas coinciden en que la idoneidad exigida por el artículo 16 de la Constitución Nacional incluye aspectos éticos. El especialista Daniel Sabsay sostiene que “ninguna persona condenada por delitos sexuales supera el estándar mínimo de idoneidad moral para integrar un cuerpo legislativo”.
En la misma línea, Andrés Gil Domínguez remarca que los parlamentos están facultados para evaluar la conducta de sus integrantes, incluso cuando la condena no genera inhabilitación penal. “La ética pública obliga a excluir a quienes hayan violentado bienes jurídicos esenciales como la integridad sexual”, señaló.
Un conflicto de intereses sin precedentes
La situación adquiere una dimensión adicional: Ruiz mantiene un litigio abierto contra la Cámara de Diputados, en el que reclama que se declare ilegítima la decisión que le impidió asumir en el período anterior. Ese expediente se encuentra actualmente en la Corte Suprema.
Para juristas como Antonio María Hernández, permitirle asumir mientras mantiene un juicio contra la institución “violenta el principio republicano de imparcialidad y genera un conflicto de intereses institucional insalvable”.
El peso de los tratados internacionales
Argentina tiene incorporados con jerarquía constitucional instrumentos como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a prevenir la presencia de personas condenadas por violencia sexual en puestos de poder que impliquen representación pública.
“El Estado debe proteger a las víctimas y a la comunidad de situaciones de revictimización institucional”, advierte la abogada constitucionalista Antonella Álvarez. Permitir que Ruiz asuma “colocaría al Poder Legislativo en una situación contraria a los compromisos internacionales del país”.
Un límite político y jurídico
Condena firme, antecedentes legislativos adversos, estándares constitucionales, normas internacionales y un conflicto de intereses abierto: todos estos elementos confluyen en una misma conclusión, coinciden los especialistas.
Aun con derechos políticos formales, Ruiz se encontraría moral y éticamente inhabilitado para ocupar la banca a la que aspira.
La decisión queda a criterior de la Legislatura de Santiago del Estero y, probablemente y dado el hipotético caso, requerirá un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.
La línea de tiempo del derrotero de «Chabay» Ruiz
2002–2012 → Período de influencia política como intendente de La Banda.
2013 → Denuncia de abuso sexual realizada por una mujer que acude a su despacho en busca de trabajo.
2015 → Ruiz acepta su culpabilidad en un juicio abreviado. Queda condenado por abuso sexual simple con acceso carnal. La pena queda en suspenso, pero la condena permanece firme.
2016 → El Concejo Deliberante de La Banda lo expulsa por inhabilidad moral.
2017–2021 → Ruiz intenta regresar a la política local con listas propias.
2021 → Gana una banca como diputado provincial, pero la Cámara de Diputados de Santiago del Estero le niega asumir por su condena penal.
2022 → Ruiz inicia un juicio contra la Legislatura, reclamando que la decisión fue ilegítima.
2023 → El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver si la Legislatura actuó dentro de sus facultades.
2024 → Ruiz impulsa nuevamente su candidatura con la expectativa de asumir pese a su condena y al litigio pendiente.
2025 (actualidad) → La Legislatura debe decidir nuevamente si le permite ocupar la banca. El debate sobre su inhabilidad moral, el impacto institucional y el posible conflicto de intereses vuelve a tensar la escena política santiagueña.
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