La Justicia abre un amparo colectivo contra el Gobierno Nacional por la entrega de alimentos

La Justicia abre un amparo colectivo contra el Gobierno Nacional por la entrega de alimentos

Son más de 5 millones de kilos de alimentos que no fueron entregados a comedores y merenderos.

El juez en lo contencioso administrativo federal, Walter Lara Correa, ha abierto un amparo colectivo contra el gobierno de Javier Milei por la falta de entrega de 5 millones de kilos de alimentos destinados a comedores y merenderos. La medida fue impulsada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes han presentado un recurso contra el Ministerio de Capital Humano.

El juez Lara Correa ha convocado a personas, asociaciones y organizaciones interesadas en el resultado del litigio a sumarse a la causa. Además, ha solicitado al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la ejecución de los programas de distribución de alimentos.

La periodista de C5N, Vanesa Petrillo, informó sobre la apertura del amparo colectivo, destacando que este proceso permitirá a múltiples personas y organizaciones presentarse en el expediente para garantizar la distribución de alimentos que el Gobierno no ha cumplido. Petrillo subrayó la importancia de la intervención judicial cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades básicas.

Según la información oficial, los depósitos del Gobierno nacional en Villa Martelli y Tucumán contienen grandes cantidades de alimentos no distribuidos, incluyendo:

Yerba Mate: 3.146.707 kilos

Leche en polvo: 1.173.815 kilos

Aceite: 479.261 botellas de 900 ml

Puré de tomate: 137.796 kilos

Garbanzos: 81.148 kilos

Harinas de trigo y maíz: 20.416 kilos

Locro: 15.010 kilos

Arroz con carne: 13.629 kilos

El proceso judicial busca asegurar que estos alimentos sean entregados a los comedores y merenderos que dependen de ellos para alimentar a personas en situación de vulnerabilidad. La apertura del amparo colectivo representa un paso significativo para la defensa de los derechos sociales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la provisión de asistencia alimentaria.

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