El fiscal pidió documentación clave sobre pagos y contratos mientras profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas en las últimas horas. El fiscal Gerardo Pollicita puso el foco en las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz y citó a declarar al contratista a cargo de las obras.

Se trata de Matías Tabar, representante de una empresa constructora, quien deberá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí deberá aportar toda la documentación vinculada a los trabajos realizados, incluyendo presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones mantenidas con el funcionario o su entorno.

Documentación y movimientos financieros bajo la lupa

El fiscal solicitó además que el contratista detalle los medios de pago utilizados —ya sea en efectivo, transferencias, cheques u otras modalidades— junto con la identificación de fechas, montos y personas involucradas en cada operación.

En paralelo, la fiscalía requirió información a la administración del country donde se encuentra el inmueble, con el objetivo de conocer detalles sobre el pago de expensas y la tasa de ingreso abonada al momento de la adquisición.

La investigación avanzó también con el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y una empresa vinculada a la familia. La medida busca analizar los movimientos financieros registrados entre 2022 y 2025.

Otras operaciones bajo investigación

Asimismo, fueron citados otros testigos que deberán declarar en las próximas semanas y aportar documentación sobre diversas operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

El expediente apunta a reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados y la evolución patrimonial del funcionario. Uno de los puntos centrales se concentra en la estructura de adquisición de ese inmueble, que incluyó una hipoteca sin intereses por 200 mil dólares, un esquema que continúa bajo análisis.

En ese contexto, la escribana interviniente ya declaró ante la Justicia y sostuvo que se trató de una transacción habitual, sin irregularidades. Sin embargo, los investigadores mantienen dudas sobre la lógica económica del acuerdo.

La causa se inició a partir de una denuncia que señala inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario, con un incremento patrimonial significativo en un corto período. Por el momento, el expediente continúa en etapa de instrucción, con nuevas medidas destinadas a esclarecer los hechos.