La ministra Sandra Pettovello había denunciado a la anterior gestión de Victoria Tolosa Paz por la supuesta compra irregular de yerba. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 determinó que hubo inexistencia de delito.
La Justicia Federal archivó una denuncia del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello contra su antecesora en el cargo, Victoria Tolosa Paz, por la supuesta compra de yerba con sobreprecios y sin los controles debidos.
En el contexto de la denuncia en contra de la propia Pettovello por la falta de repartición de 5.000 toneladas de alimentos almacenados en galpones, la entonces subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, realizó en mayo una contradenuncia en la que acusó a Tolosa Paz por la compra irregular de esa yerba.
Sin embargo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 resolvió esta semana «archivar las presentes actuaciones nro. 2104/2024 del registro de este Tribunal, en las que no se procesó a persona alguna, por inexistencia de delito».
De este modo, hay tres causas diferentes iniciadas contra el ex Ministerio de Desarrollo Social del gobierno previo que se cierran por no haber existido ninguna irregularidad. Gianni, en tanto, fue echada del Ministerio de Capital Humano por voluntad de Pettovello a mediados de octubre pasado.
El que desestimó la denuncia por sobreprecios en la compra de yerba no es el único fallo contra el Ministerio de Capital Humano en las últimas semanas. A inicios de noviembre, la Justicia federal en lo contencioso administrativo condenó al Gobierno nacional de Javier Milei a continuar con la entrega de alimentos en comedores y merenderos discontinuada desde febrero, lo que representó, en ese momento, la cuarta derrota judicial para Pettovello.
Se trata de la causa iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el CELS y con el patrocinio de Juan Grabois en su calidad de abogado. De este modo, Pettovello ya perdió en cuatro instancias judiciales consecutivas. Además, los demandantes planean llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este mes.
En ese momento, el fallo del juez Walter Lara Correa da lugar al amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS y reconoce el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos y condena al Gobierno a restablecer la entrega de alimentos para no “incurrir en responsabilidad internacional”.