El Gobierno asegura que el proyecto “pone en riesgo la política de déficit cero” y dispuso que Martín Menem y Guillermo Francos defiendan la postura del Presidente en el Congreso.

El Gobierno depositó en Martín Menem y en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la responsabilidad de frenar cualquier intento opositor que busque rechazar el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

El proyecto, sancionado por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso, “pone en riesgo la política de déficit cero que instauró Milei”, justifica el Gobierno. La ley implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los diferentes bloques del Congreso ya mostraron sus reparos ante el veto presidencial, en plena sesión de Diputados. El salón de Pasos Perdidos se convirtió en el escenario de las críticas y cuestionamientos a las políticas de ajuste del jefe de Estado. En dos ruedas de prensa, los legisladores sumaron volumen a la construcción de mayorías contra la decisión del Ejecutivo. Entre los radicales, se destacan Danya Tavela, Martín Lousteau, Carla Carrizo, Mariela Coletta y Natalia Sarapura. Desde Encuentro Federal, los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño y Natalia de la Sota; los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; los “lilitos” de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli; Juan Brügge de la Democracia Cristiana y los del PRO, Guadalupe Tagliaferri y Álvaro González.

En la otra conferencia de prensa, los diputados de Unión por la Patria, que integran la comisión de Educación encabezada por Blanca Osuna y Hugo Yasky, también plantearon su rechazo.

Rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario: cómo está el poroteo

En relación con los pasos para confirmar o no el veto se necesita de una mayoría de dos tercios de los votos. Es decir que, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a los bloques del PRO, el MID y bloques menores, buscarán los números suficientes para bloquear esa mayoría.

El número ideal para los libertarios sería alcanzar los 87 diputados nacionales y bloquear cualquier intento de lograr las dos terceras partes del cuerpo legislativo, como ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando Martín Menem logró que quedara firme el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria. En esa jornada, 153 votos fueron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 fueron en contra y hubo ocho abstenciones.

A esos 87 diputados que sostuvieron el veto contra los jubilados, el presidente de la Nación los calificó de “héroes” y los invitó a cenar a la Quinta de Olivos, en un evento organizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En esas mayorías, La Libertad Avanza sumó a cinco diputados radicales díscolos y a las abstenciones de los ocho legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.

La Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados, sabe que el rechazo total o parcial a la sanción parlamentaria ya cuenta con el voto negativo de UxP, que encabeza Germán Martínez, y del Frente de Izquierda.

La oposición no perdió tiempo y a las pocas horas del veto del presidente Javier Milei a ley universitaria, convocó a sesionar el próximo miércoles, así lo impulsó la UCR y lo acompañará el kirchnerismo. Sin embargo, estos dos bloques suman solo 104 diputados.

La postura de la Unión Cívica Radical

El radicalismo ya planteó su rechazo al veto, y se lo hicieron saber a los libertarios. En las redes sociales, el diputado Rodrigo de Loredo, titular de la bancada, ya adelantó: “Vamos a insistir con nuestro voto en defensa de la educación universitaria. Intercambié miradas con Jhon Boretto, el rector de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Compartimos la visión sobre las dificultades actuales y la necesidad de solucionar el conflicto salarial y presupuestario de nuestras universidades”.

“Garantizar el financiamiento universitario no daña el equilibrio fiscal. El costo de la ley es de apenas el 0,14% del PBI. La educación es la garantía de que las personas puedan progresar por su esfuerzo, sin depender del lugar en el que nacieron”, sumó.

Al radicalismo se lo observa de cerca por lo sucedido con la postura cambiante de algunos diputados en el tratamiento del veto por movilidad jubilatoria. A pesar de las sanciones de la Convención y del Comité Nacional, los diputados Mariano Campero y Luis Picat tendrían decidido acompañar un veto del presidente Milei. Martín Arjol de Misiones y Pablo Cervi de Neuquén se sumarían al resto del bloque de la UCR que insistirán con la ley sancionada, mientras que el quinto diputado, Federico Tournier, del partido Encuentro Liberal de Corrientes, aún está en duda.

Habrá que tener en cuenta las ausencias a la hora de votar en el recinto; Roxana Reyes y Gerardo Cipollini no estuvieron en el tratamiento del veto por jubilaciones. Los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay están en pleno debate interno.

Se sumó, en las últimas horas, un documento de la Juventud Radical, presidida por el jujeño Adriano Morone, junto a la agrupación estudiantil Franja Morada, que sostuvo: “Ningún cálculo político puede justificar el olvido de esos dos millones de estudiantes universitarios, del personal docente, investigadores y no docentes”. En tanto, el diputado Facundo Manes expresó: “Esta marcha no es solo una manifestación, es un llamado a honrar lo que somos: un país que, pese a todo, sigue creyendo en su futuro”.

El resto de los bloques

El PRO, liderado por Cristian Ritondo, también es otro sector en pleno análisis puertas adentro del bloque. “Nosotros no tomamos posición; queremos entender cuál es la salida, porque las crisis universitarias son fuertes y repercuten en la política durante mucho tiempo”, dijo Ritondo.

En el bloque amarillo, Álvaro González, y desde el Senado, Guadalupe Tagliaferri, ambos larretistas, tienen la postura de insistir con la ley. Mientras tanto, la diputada Silvana Giudici adelantó: “El tema universidades lo hemos trabajado mucho con el diputado (Alejandro) Finocchiaro, que es el presidente de la comisión de Educación. Planteamos cuáles son las alternativas, y nosotros queremos discutirlo en el presupuesto. Veremos si hay una solución alternativa”.

Los provinciales de Innovación Federal también están en discusión en sus provincias. La bancada de ocho diputados es presidida por la salteña Pamela Calletti, quien en las últimas horas les dijo a los diputados Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Danya Tavela de la UCR que es fuerte el reclamo de las casas de altos estudios en las distintas provincias, lo que influye en los legisladores. Sin embargo, esperarán la construcción de mayorías que logre alcanzar el oficialismo.

La ley sancionada

La norma sancionada por el Congreso establece garantizar la recomposición de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario a partir del 1 de diciembre de 2023, hasta la sanción de la ley, por la variación de inflación del INDEC.

Desde la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre de este año, la actualización será mensual y se ajustará por inflación. El artículo 6 de la norma establece que no se aplicará la actualización salarial cuando las paritarias a nivel general de los sectores docentes y no docentes sean acordadas y refrendadas por el Poder Ejecutivo.

Se estableció que las asignaciones deberán estar acordadas con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará auditorías de manera inmediata y las remitirá al Congreso para su conocimiento. Como solicitó UxP, quedó la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.