La polémica reforma de la Constitución de Jujuy que impulsó Gerardo Morales provocó masivas protestas en toda la provincia.

   

Unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos, es el saldo que dejó la violenta represión policial que se extendió el martes en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local.

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una nueva y multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña reprimieron la manifestación disparando balas de goma y gases lacrimógenos, mientras los manifestantes respondieron tirando piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.

Durante los incidentes, la policía disparó cápsulas de gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos.

A la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, pero esta vez en calles más alejadas de la Legislatura provincial.

Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní– fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria.

Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado «con pronóstico reservado», señaló Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: «Ojalá todo salga bien porque el único responsable de todo esto es Gerardo Morales».

Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación Hijos-Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha.

Desde el colectivo Hijos habían advertido que tanto Arroyo como Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad que tramita la Justicia federal en la provincia de Jujuy, razón por la cual ya se había ordenado que fueran sacadas del penal y llevadas a su domicilio, lo que ocurrió por la noche.

Las autoridades de las unidades penales 3 y 5 del barrio Alto Comedero informaron que se encontraban privados de su libertad un total de 45 hombres, 18 mujeres y 5 menores de edad, apresados durante las manifestaciones de este martes.

La mayoría fue trasladada a las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la capital jujeña, bajo las carátulas de «atentado y resistencia a la autoridad», «daños de bienes de uso público» y «atentado y resistencia a la autoridad en grado de tentativa» por orden del fiscal Walter Rondón.

Ante esta situación, abogados de derechos humanos confirmaron la presentación de ampliación de dos hábeas corpus ante la Justicia provincial a favor de las personas encarceladas con el objetivo de conseguir su «inmediata» libertad.

En relación a los heridos, el número superaba las 170 personas, entre ellas docentes e integrantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales y policías provinciales.

«Tenemos unos 170 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad», afirmó Pablo Jure, director del servicio de emergencias Same en Jujuy, quien agregó que las personas lastimadas eran atendidas en los hospitales Pablo Soria y San Roque, el Centro de Especialidades Norte y en el puesto médico del Same.

«Hay muchos heridos de balas de goma y por los piedrazos que arrojó la policía apuntando a la cabeza», indicó Fernando Acosta, integrante de ATE quien fue agredido con una cápsula de gas en la sien.

La Policía local no pudo contener a los activistas, algunos de los cuales entraron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas al recinto.

En ese mismo momento, los convencionales oficialistas, junto a los del Frente Justicialista a puertas cerradas, dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

«Habiendo jurado la nueva Constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y presidentes de los tres poderes del Estado y habiendo sido aprobada la nueva Constitución de la provincia, la misma entra en vigencia partir de su publicación. Con esto damos por finalizada la tarea de la convención constituyente», expresó Morales.

En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un «banderazo», portando banderas argentinas.

Las protestas en la provincia se replicaron con al menos 20 cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado hubo represión contra comuneros indígenas.

Tras el brutal accionar policial de este martes, los gremios que componen la Intergremial de Jujuy, convocados frente a la Casa de Gobierno local, pidieron a Morales «el inmediato cese de la represión» y le exigieron que «actúe con conciencia ciudadana de respeto».

Además, avanzaron en anunciar un paro total de actividades para este miércoles y demandaron que la medida se extienda a nivel nacional.

Ante esta situación se suspendió el servicio de tránsito aéreo, debido a que «no pueden pasar los controladores por los cortes de ruta», al tiempo que los vuelos que debían llegar la provincia fueron desviados a otras provincias, indicó una fuente del aeropuerto jujeño.

Por otra parte, el Gobierno jujeño informó oficialmente que dispuso «otorgar asueto administrativo y escolar» para la jornada de hoy.

El dirigente del sindicato de trabajadores municipales, Seom Santiago Seillant llamó a dirigentes de gremios y de partidos políticos, a organismos de derechos humanos y a funcionarios del Gobierno nacional a «que vengan a Jujuy porque está siendo un laboratorio de represión para llevar como modelo a nivel nacional», expresó, y advirtió que seguirán resistiendo en las calles.