«La unidad del bloque de la UCR no corre ningún riesgo. En la esencia de los temas estamos todos de acuerdo y tenemos la misma mirada», dijo la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) celebró que el Gobierno retirara del proyecto de ley «Bases» el aumento de retenciones y los cambios en la fórmula jubilatoria, dos de las «cuestiones de fondo» que el radicalismo mantuvo como límite de negociación en el Congreso y que cohesionó al espacio para que su unidad no corriera «ningún riesgo».

Las diferencias dentro de la UCR habían quedado expuestas la semana pasada: ocho diputados radicales se sumaron los 55 legisladores con los que el oficialismo logró dictamen de mayoría para tratar en los próximos días el proyecto de ley, mientras otros siete legisladores del espacio prefirieron no firmar ese documento.

Luego de negociaciones y acuerdos entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas -del que forman parte la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación- el proyecto de ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ tuvo modificaciones y se redujo de 664 artículos a 523.

«La unidad del bloque de la UCR no corre ningún riesgo. En la esencia de los temas estamos todos de acuerdo y tenemos la misma mirada».

Sin embargo, ante la insistente postura crítica de toda la oposición en torno a los cambios en jubilaciones, retenciones y otras iniciativas, el Gobierno decidió el viernes por la noche retirar todo el capítulo fiscal para sumar apoyos.

Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que el oficialismo borrará del texto lo referente al «blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria».

Estas eran algunas de las «cuestiones de fondo» que todo el bloque radical, pese a sus diferencias internas, mantuvo como límite de negociación frente al Gobierno y que abroqueló al espacio, que cuenta con 34 diputados en la Cámara baja.

«La defensa de la producción industrial, de las economías regionales, de los jubilados, estamos en contra de privatizar sin analizar empresa por empresa, en contra de las delegaciones exageradas al Poder Ejecutivo, en contra de la destrucción que se pretende hacer en la cultura», enumeró Coletta como criterios de unidad en la UCR.

En tanto, al referirse a los ocho legisladores radicales que habían firmado el dictamen «en disidencia» y a los otros siete que prefirieron directamente no apoyar ese texto, Coletta puntualizó en que la diferencia estuvo en quienes planteaban que «debía haber más tiempo de discusión» para tratar el contenido del proyecto.

«Algunos creíamos que no estaba el consenso suficiente para acompañar ese dictamen porque teníamos diferencias en más de 170 artículos, y proponíamos postergar el dictamen para seguir discutiendo y llegar a un trabajo más consensuado. De todas maneras, se discutirá en el recinto», resaltó.

Por su parte, la diputada nacional por Córdoba Soledad Carrizo -una de las radicales que sí firmó el dictamen- argumentó esta decisión en «la necesidad que tiene un Gobierno que recién comienza, con poca experiencia y poca fuerza política, en guiarlo, ayudando y marcándole las reales posibilidades en cada una de las temáticas, posibilitando la gobernabilidad en una coyuntura tremenda».

«Decidimos acompañar este dictamen, pero efectuando las observaciones, reservas y reformulaciones que consideramos necesarias para lograr un equilibrio entre los fines que se pretenden y medios para lograrlo, trabajando con un criterio de progresividad y protección de derechos», remarcó Carrizo.

La diputada destacó que el grupo de radicales que avaló el dictamen de mayoría ejerció «todo el trabajo legislativo posible y más» con el objetivo de «emprolijar ese paquete de leyes y darle una forma más posible de progreso, una seguridad normativa y jurídica que transforme los proyectos que creemos necesarios en políticas de Estado».

«Es lo que realmente nos pide la sociedad, que no se borre y se cambie todo cada cuatro años o menos», agregó.

Para Carrizo, el radicalismo se propuso «apoyar la gobernabilidad y dar una señal de acompañamiento para el cambio que la ciudadanía ha elegido», pero acotó que «ese cambio no puede darse a cualquier costo» porque «ser oposición implica trabajar con responsabilidad» y «no generar bloqueos», a la vez que intentar «fortalecer el control y el diálogo entre los poderes».

«Nuestro bloque mantiene firme su histórica identidad, defendiendo el federalismo, la división de poderes y apoyando la gobernabilidad democrática, pero como oposición entendemos necesario plantear nuestras diferencias y marcar un camino alternativo a la visión que el ejecutivo propone», definió.

Carrizo celebró así que el Gobierno decidiera quitar el capítulo fiscal de la ley «Bases» y lo enmarcó como un logro que -en parte- fue gracias a la postura de su espacio.

«Buscar el equilibrio fiscal es una meta compartida que alcanzaremos con el análisis cuidadoso y el tiempo necesario, considerando su impacto en la vida de cada ciudadano», destacó la legisladora.

También el propio presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, ponderó el giro del Gobierno al remarcar que «es una decisión acertada de Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión».

«Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables», publicó De Loredo.

Con la eliminación del capítulo fiscal de la ley, las negociaciones ahora versarán en torno a otros puntos como el régimen de pesca, la emergencia pública, hidrocarburos, facultades delegadas, la privatización de empresas públicas o la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La Libertad Avanza (LLA), que sólo tiene 38 legisladores en la Cámara baja, requerirá del apoyo de otras bancadas para lograr el quórum necesario de 129 diputados, además de una mayoría de escaños para aprobar en general el proyecto que intentará tratar en sesiones en los próximos días.