Córdoba proyecta un déficit previsional de $821 mil millones para 2026 y denuncia que el Gobierno nacional incumple con los giros de la Anses, lo que obliga a la provincia a cubrir más del 50% del rojo con recursos propios.
CÓRDOBA. La Caja de Jubilaciones de Córdoba ha vuelto a encender las alarmas financieras del gobierno provincial. El gobernador Martín Llaryora y sus aliados advierten que la suspensión de los fondos nacionales destinados a cubrir el déficit previsional está llevando al sistema a una situación de «precipicio», rememorando la crisis de giros que ya se vivió durante la gestión de Amado Boudou en la Anses.
El borrador del Presupuesto 2026 exhibe la magnitud del desequilibrio: el gasto total del sistema previsional provincial se elevará a $2,63 billones, mientras que los aportes de los activos solo alcanzarán el 69% de esa cifra ($1,81 billones). El rojo operativo proyectado asciende a $821.292 millones. Adicionalmente, la provincia reclama a la Nación una deuda histórica por transferencias impagas que ya supera el billón de pesos.
La Nación no garantiza los giros
Un dato crucial es que Córdoba prevé financiar con recursos propios $417.292 millones, lo que representa el 51% del déficit, ante la falta de garantías de la Nación para girar los fondos que históricamente reconocían el desfasaje del sistema tras su armonización.
Aunque en 2025 y tras una intervención de la Corte Suprema, la Nación había comenzado a enviar $5.000 millones en 12 cuotas fijas, los técnicos de la Caja estiman que el monto real necesario para sostener el sistema ronda los $20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido.
Alerta legislativa y posibles ajustes
Ante este escenario, el legislador socialista Matías Chamorro, aliado del oficialismo, presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».
Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, elevó el tono de la advertencia al asegurar que la Caja se encuentra en una «situación crítica». Torres defendió la necesidad de aumentar los aportes personales en un 4%, una medida que se aplicaría sobre sectores de alta conflictividad como los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. La estrategia política del llaryorismo pasa por confrontar con estos gremios, siguiendo el precedente exitoso que tuvo Llaryora cuando era intendente de la capital.
La propuesta legislativa buscaría, al mismo tiempo, proteger al 85% de los jubilados garantizándoles el 82% móvil mediante un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos (superiores a $2,5 millones), quienes recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional.
A diferencia del enfrentamiento que protagonizó José Manuel de la Sota con Cristina Kirchner por este mismo tema en 2012 —que derivó en la creación de la «tasa vial»—, Llaryora no contaría con el margen político para impulsar un nuevo «impuesto de guerra» para solventar el déficit.