Desde la gestión de Javier Milei intimaron a los movimientos sociales para que se hagan cargo de los gastos provocados por la movilización del miércoles. “¿Van a cobrar también la peregrinación a Luján? Es absurdo todo”, dijo el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, a TN.
El Gobierno intimó a los movimientos sociales para que se hagan cargo de los gastos provocados por la marcha piquetera del último miércoles, un total cercano a los $60 millones en concepto de gastos operativos. Y este sábado, ante una consulta de TN, llegó la respuesta de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.
“Por supuesto que el tema ya está en manos de nuestros abogados, pero es absurdo todo”, indicó el dirigente social. “El servicio de seguridad, como la salud y la educación, todos lo pagamos con nuestro impuestos. ¿Van a cobrar también la procesión a Luján? ¿Van a cobrar la movilización por Riquelme? ¿O se les cobra solo a los morochos y pobres?”, planteó.
Según Belliboni, “se imputa a organizaciones que no estuvieron allí. ¿No saben leer? ¿No se tomaron el trabajo de leer los comunicados?”.
Tras la marcha, Manuel Adorni, vocero presidencial, adelantó que el Gobierno buscará que los movimientos sociales de izquierda paguen el costo del operativo de seguridad desplegado para impedir el corte de calles. El tema ya escaló en una causa en la Justicia.
El Ministerio de Seguridad dio más detalles sobre el cálculo: “Hay una estimación aproximada de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) por el dispositivo desplegado, contando el consumo de combustible y el promedio de horas/hombre”.
“Habría que cobrarle al Gobierno el costo del proceso judicial que pone en marcha”
En paralelo, el Gobierno realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales con relación al manejo de planes sociales, en función de las llamadas que se recibieron a la línea 134, muchas de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.
“Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales de acuerdo al protocolo de orden público”, afirmó Adorni durante su habitual conferencia matutina desde Casa Rosada.
“No es serio nada de eso. Habría que cobrarles a los funcionarios del Gobierno el costo del proceso judicial que ponen en marcha”, afirmó Belliboni.