El proceso, que ha captado la atención del mundo entero, cuenta con un equipo legal de élite tanto en la defensa como en la acusación:
- Barry Pollack (Defensa de Maduro): Especialista en casos criminales complejos y delitos de «guante blanco». Su éxito más reciente fue el acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. que permitió la liberación del fundador de WikiLeaks en 2024. Su estrategia inicial ha sido calificar la detención como un «secuestro militar» y a Maduro como un «prisionero de guerra».
- Mark E. Donnelly (Defensa de Cilia Flores): Exfuncionario del Departamento de Justicia y exdirector de la división de fraude en Texas. Su conocimiento interno de la fiscalía federal es visto como una pieza clave para la defensa de la ex primera dama.
- Jay Clayton (Fiscal Acusador): Expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Trump. Designado como fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York en 2025, lidera una acusación que vincula al chavismo con el Cartel de los Soles y organizaciones como las FARC y el ELN.
Detalles técnicos y cargos enfrentados
La audiencia presidida por el juez Alvin Hellerstein (92 años), un veterano en casos de seguridad nacional, formalizó los cargos contra el matrimonio:
- Conspiración para el narcoterrorismo: Se los acusa de utilizar el poder del Estado para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia EE. UU. durante más de dos décadas.
- Importación de sustancias prohibidas: Conspiración para introducir narcóticos en territorio estadounidense.
- Posesión y uso de armamento pesado: Cargos vinculados a la tenencia de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a las actividades de narcotráfico.
Una estrategia de «Inmunidad Soberana»
Fuentes cercanas a la defensa indican que Pollack buscará impugnar la legalidad del arresto basándose en dos ejes:
- Inmunidad Presidencial: Argumentar que Maduro, como jefe de un Estado soberano, no puede ser procesado por tribunales de otra nación.
- Estatus de Prisionero de Guerra: Bajo esta figura, la defensa intenta que Maduro sea tratado bajo los Convenios de Ginebra, lo que impediría una condena penal común y obligaría a su liberación una vez que se estabilice la situación política en Venezuela.
Por el momento, ni Maduro ni Flores solicitaron la libertad bajo fianza, una decisión táctica para evitar la validación inmediata de la jurisdicción del tribunal neoyorquino. La próxima audiencia clave ha sido fijada para el 17 de marzo de 2026.