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Tras la renuncia de Viramonte Olmos, la secretaría administrativa quedó vacante. El prosecretario que podría quedar a cargo es el radical Lucas Clark.

Los senadores radicales planean arrebatarle a Victoria Villarruel el control de los recursos de la Cámara Alta, tras la renuncia del secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, quien había sido designado en ese cargo en la sesión del 7 de mayo pasado.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la maniobra se coordina entre legisladores de la UCR y aliados, bajo el argumento de que constituye «un papelón» que la Vicepresidenta haya perdido a su segundo secretario en apenas un año y medio de gestión. «Le votamos a su amigo hace 20 días y le renuncia, como le renunció la anterior, así que ahora no hay margen para que se junten quórum y votos para aprobarle una nueva designación para el mismo cargo», se quejó un senador.

Viramonte Olmos había llegado a la Cámara Alta con las credenciales de confianza con Villarruel, a quien incluso habría hospedado en su residencia en Córdoba cuando ella estuvo de visita protocolar en esa provincia durante 2024. Las causas de su dimisión habrían sido que la titular del Senado no habilitó a su consejero a disponer de sus facultades para manejar los recursos de «la casa»: «no le habilitó la función y le renunció», abundaron en un despacho aliado.

Su antecesora en el puesto, María Laura Izzo, también se alejó por desencuentros con la Vicepresidenta y ahora los radicales articulan con otras bancadas para que asuma el control de la caja el prosecretario administrativo, Lucas Clark.

Para eso, necesitarían del respaldo del interbloque peronista, liderado por José Mayans y Juliana di Tullio. En los pasillos del Congreso interpretan que la bancada de UP no quiere quedar pegada a un golpe institucional pero el hartazgo de los senadores que conformaron la mayoría contra el PJ desde diciembre de 2023 alcanza un piso alto para juntar mayoría contra Villarruel.

Los radicales articulan con otras bancadas para que asuma el control de la caja el prosecretario administrativo, Lucas Clark.

Sin los libertarios ni los peronistas, los radicales y los aliados de la Casa Rosada, sumando a los representantes del PRO y los provinciales sueltos, podrían trepar a 32 legisladores. 

Aun así, desde la UCR negaron que ese fuera su objetivo pese a que ya se activaron las conversaciones para concretar la jugada: «El funcionamiento y el reglamento lo marcamos nosotros», habría sido la frase utilizada por uno de los senadores conducidos por Eduardo Vischi.

La circulación en sí misma de esa hoja de ruta es fruto de la creciente desautorización que experimenta la Vicepresidenta en el Senado. De hecho, se deshizo de su vocero, Gaspar Bosch, y también desplazó de la Dirección de Atención Ciudadana al líder de los villarruelines, Juan Martín Donato, el joven referente de la agrupación Derecha Argentina.

El desplante fue respondido con despacho por los ex militantes del villarruelismo. A través de la cuenta de la agrupación en X, comunicaron que «resulta inadmisible que la vicepresidente y su entorno hayan decidido romper con el rumbo trazado por el gobierno que los llevó al poder», y agregaron: «Esta interna no responde al interés general ni al mandato popular, sino a la ambición de un pequeño círculo que, lejos de acompañar el cambio, se ha dedicado sistemáticamente a obstruirlo».

Le votamos a su amigo hace 20 días y le renuncia, como le renunció la anterior, así que ahora no hay margen para que se junten quórum y votos para aprobarle una nueva designación para el mismo cargo.

La Vicepresidenta, en tanto, designó este lunes como subsecretario de Auditoría a Juan Manuel Gestoso Presas, un militar relevado en 2008 por Nilda Garré ante la denuncia de un subalterno suyo que lo acusó de haberle ordenado la destrucción de documentación del Hospital Militar de Salta. Ese material contenía información que podía servir al esclarecimiento del robo de bebés durante la última dictadura.

Si bien los jueces del tribunal salteño que lo juzgó lo sobreseyeron por considerar que la orden de incinerar la documentación no constituía un crimen de lesa humanidad, los testimonios de sus denunciantes lo describen como un apologeta del terrorismo de Estado.

Fuente: lapoliticaonline.com