El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas por obstrucción a la justicia. El anuncio ocurrió en medio de una profunda conmoción nacional tras la «Operación Contención» en Río de Janeiro, considerada el operativo policial más letal en la historia del estado.

La masacre, dirigida a capturar líderes del Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, dejó un balance oficial de 121 muertos, aunque la Defensoría Pública elevó la cifra a 132 víctimas, advirtiendo que no todos eran criminales.

Diferencias de enfoque: «Matanza» vs. «Raíz del problema»

Lula insistió en que Brasil necesita una «política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra». El mandatario criticó el modelo de confrontación, argumentando que «el crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que descapitalicen a las bandas» y golpeen sus estructuras financieras. En este sentido, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, viajó a Río y anunció una Oficina de Emergencia, cuyo foco será la inteligencia financiera y el aislamiento carcelario de líderes, más que los enfrentamientos armados.

El gobierno de Lula ya había enviado al Congreso un proyecto de ley para unificar las fuerzas y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales, buscando un trabajo coordinado que no ponga en riesgo a civiles.

Denuncias de ejecuciones y defensa de la derecha

La «Operación Contención», desplegada por el gobernador del estado Cláudio Castro (aliado del expresidente Jair Bolsonaro), fue calificada como una «masacre» por testigos y organizaciones sociales. Activistas denunciaron ejecuciones sumarias, incluyendo víctimas con «tiros en la nuca o por la espalda». El presidente de una asociación de vecinos en Vila Cruzeiro describió la escena como algo que «nunca vi nada igual, ni siquiera en la Franja de Gaza».

A pesar de las denuncias, el gobernador Castro defendió la actuación policial, tildándola de «éxito» y un día histórico, y aseguró que «no hubo inocentes», usando el término «narcoterroristas». La derecha se unió en una inédita defensa de la operación, con gobernadores como Ronaldo Caiado y Romeu Zema calificando la acción de «ejemplar».

El senador Flávio Bolsonaro aprovechó la crisis para impulsar la narrativa de clasificar a las facciones criminales como «organizaciones terroristas», en línea con el discurso trumpista.

El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, convocó al gobernador Castro y a los jefes policiales a una audiencia para que expliquen el nivel de fuerza empleado y las circunstancias de las numerosas muertes.