En un movimiento que busca marcar un antes y un después en la protección de la infancia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha impulsado un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. Con la contundente frase “El cerebro de nuestros niños no está en venta”, el mandatario anunció que el objetivo es que la medida entre en vigor el 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del próximo ciclo lectivo.

El proyecto, que será debatido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional a partir de este lunes 26 de enero, no solo apunta a las plataformas digitales, sino que también extiende la prohibición del uso de teléfonos celulares a todas las escuelas secundarias del país.

Los pilares de la «soberanía digital» francesa

La iniciativa responde a una creciente preocupación por la salud mental, el ciberacoso y la manipulación de las emociones a través de algoritmos. Los puntos clave de la ley incluyen:

• Responsabilidad de las empresas: A diferencia de intentos previos, la ley establece que la prestación de servicios de redes sociales a menores de 15 años es ilegal. Esto obliga a gigantes como TikTok, Instagram y X a retirar cuentas de menores o enfrentar multas millonarias.
• Sistema de dos niveles: Se prevé una prohibición total para las plataformas consideradas más adictivas o peligrosas, mientras que servicios como YouTube o WhatsApp podrían permitirse bajo una estricta autorización parental.
• Escuelas libres de móviles: Si bien en las primarias ya existía una restricción, ahora se aplicará de forma efectiva en los liceos (secundarias) para combatir la distracción y fomentar la socialización presencial.

El desafío de la verificación

Francia busca evitar los obstáculos legales que tuvo en 2023, alineando esta norma con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. La estrategia consiste en considerar el perfil del menor como «contenido ilícito», lo que permite al Estado exigir su eliminación inmediata sin chocar con la libertad de empresa.

Aunque la medida cuenta con un amplio respaldo de las asociaciones de padres —que ven en el Estado un aliado para poner límites a la tecnología—, sectores de la oposición critican lo que llaman «paternalismo digital» y cuestionan la viabilidad técnica de verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los usuarios.