Se movilizaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. La Ley de Financiamiento Universitario tiene media sanción de Diputados.

Estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas se concentraron frente al Congreso, mientras que se debate en el Senado la reforma del presupuesto universitario, que ya obtuvo la media sanción en Diputados.

La Ley de Financiamiento Universitario busca que se incremente el presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. En tanto, los senadores debaten, pero el presidente, Javier Milei, advirtió con anticipación que vetará la ley si es aprobada.

“Estamos comprometidos con la educación, con el presupuesto de los docentes”, manifestó uno de los estudiantes concentrados frente al Congreso. “Es un estado crítico, estamos hablando de una emergencia presupuestaria. Con respecto a los salarios, es el mismo presupuesto del año anterior, no está ajustado a la inflación”, agregó otra joven.

“Es una situación muy crítica”, confirmó una docente y agregó: “Este año, no se ha podido desplegar presupuesto para desarrollar proyectos de extensión de los docentes en la comunidad”.

“Los trabajadores no docentes y docentes hemos perdido muchísimo la calidad de vida. Los compañeros con categorías cinco, seis y siete no llegan a fin de mes, tienen que pagar $300.000 de alquiler y no llegan a los $600.000 de sueldo”, lamentó otra manifestante.

Las seis claves de la Ley de Financiamiento Universitario que trata el Senado

El proyecto aprobado en Diputados tiene como fin garantizar el financiamiento sostenido de las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial paradocentes y no docentes. A continuación, los principales puntos claves al respecto:

La Ley de Financiamiento Universitario busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas de la Argentina.

Establece una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento.

Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).

Propone una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias.

Autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023 (211,4%).

Modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establece nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión.