En una sesión marcada por la controversia y la protesta de organizaciones ambientalistas, el oficialismo logró este jueves la media sanción del proyecto que modifica la Ley de Glaciares. Con 40 votos a favor y 31 en contra, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional obtuvo el aval de la Cámara Alta y ahora deberá ser tratada en Diputados para su sanción definitiva.

La reforma introduce un cambio de paradigma en la protección de los recursos hídricos, al otorgar a las provincias la facultad de determinar qué áreas específicas deben preservarse y cuáles quedarían habilitadas para la actividad económica.

Puntos clave de la reforma

El debate central giró en torno a la protección de las zonas periglaciales, áreas que bajo la normativa actual mantienen una prohibición estricta para proyectos extractivos.

• Autonomía provincial: El proyecto establece que los estados provinciales tendrán mecanismos técnicos propios para delimitar las zonas protegidas, argumentando que la ley anterior era «unitaria» y paralizaba el desarrollo local.
• Apertura a la industria: La modificación busca facilitar el despliegue de actividades mineras e hidrocarburíferas en sectores que hoy se encuentran restringidos, bajo la premisa de «ordenar» el uso del territorio sin detener la producción.

Votación y posturas encontradas

El respaldo al proyecto fue transversal, contando con los votos del bloque libertario, senadores del PRO, un sector de la UCR y representantes del peronismo vinculados a provincias mineras, como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).

“Proteger no debe ser paralizar”, sostuvo la senadora Bullrich durante su disertación, reforzando la idea de que la normativa vigente impedía el crecimiento económico regional.

Por el contrario, el rechazo fue encabezado por el interbloque Popular y senadores de provincias con fuertes movimientos ambientales. Las críticas se centraron en la «flexibilización» de los controles y en el riesgo de pasar de un criterio científico riguroso a uno discrecional, lo que podría derivar en una desprotección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.

Tras este resultado, la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se espera una resistencia similar por parte de sectores que denuncian que la medida favorece intereses corporativos en detrimento del medio ambiente.