El Senado mendocino sancionó el Proyecto Minero San Jorge (cobre) con 29 votos a favor, ignorando una movilización histórica que recorrió más de 100 kilómetros en defensa del recurso hídrico, esencial para 1.4 millones de personas.
En un día de profunda tensión social, la provincia de Mendoza aprobó la ley que habilita la explotación de minería metalífera, impulsada por el gobernador radical Alfredo Cornejo. El proyecto se centra en la reactivación del Proyecto Minero San Jorge en Uspallata, destinado a la extracción de cobre, una actividad señalada por su «altísimo consumo de agua».
La sanción en el Senado provincial se concretó con 29 votos a favor, una abstención, y apenas seis en contra, a pesar de la llegada de columnas de manifestantes que habían marchado desde Uspallata, el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. El descontento social, que no lograba una movilización de esta magnitud desde hacía 14 años, fue desoído por la mayoría legislativa.
«Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas,» lamentó Daniel Funes, referente provincial de la lucha en defensa del agua, criticando que los legisladores actúen como «funcionarios del Estado provincial» defendiendo los intereses del Ejecutivo.
El Corazón de la Controversia: Agua y Toxicidad
La protesta tenía un único objetivo: defender la existencia del agua pura. La preocupación se fundamenta en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que, según diversas instituciones, es «desprolijo» y carece de fundamentos.
Instituciones clave como el Conicet y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) emitieron objeciones técnicas, alertando sobre la liberación de productos altamente tóxicos. La UNCuyo denunció que estos químicos «quedarían liberados a la atmósfera por el viento o por el agua, y podrían llegar a los cauces de los ríos, envenenando el agua y a la gente.»
A esto se suma la experiencia histórica de Mendoza, que cuenta con el yacimiento cerrado Sierra Pintada (Uranio) y sus «pasivos ambientales gravísimos,» un antecedente que, según Funes, demuestra cómo los yacimientos metalíferos «destruyen todo.»
Estrategia de Gobierno y Represión
El gobernador Cornejo, aliado de Javier Milei y promotor de la eliminación de la Ley de Glaciares, fue el principal impulsor de la medida. Desde el Ejecutivo, la ministra de Energía, Jimena Latorre, intentó calmar las aguas asegurando que lo aprobado «no representa un cheque en blanco» para la empresa.
Sin embargo, los activistas denunciaron una «estrategia de comunicación de estigmatización» y «persecución judicial» por parte del gobierno, que buscan obtener la «licencia social ante el silencio de la gente.» El informe recuerda protestas anteriores donde la policía de Cornejo encarceló a manifestantes sin cargos y mostró filmaciones de detenciones violentas.
Además, la promesa de la empresa de generar 5.000 puestos de trabajo fue desmentida por los propios Estudios de Impacto Ambiental, que solo prevén 1.200 empleos en la construcción y 500 en la etapa operativa, lo que se suma a la desconfianza pública hacia el proyecto.