El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, otorga atribuciones extraordinarias a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y redefine sustancialmente la naturaleza de sus funciones bajo el argumento de reducir el «riesgo estratégico nacional».

La reestructuración establece un cambio de paradigma en el sistema de inteligencia argentino. El punto más sensible del decreto radica en la clasificación general de las actividades del organismo como tareas «encubiertas». Desde el Poder Ejecutivo justifican esta opacidad alegando la necesidad de blindar la información sensible ante posibles filtraciones, otorgando un marco de discrecionalidad mucho mayor al que rige actualmente.

Los ejes de la nueva normativa

• Ampliación de capacidades: El DNU dota a la SIDE de una mayor capacidad de respuesta operativa ante amenazas internas y externas, reforzando su rol en la seguridad del Estado.
• Carácter secreto: Al definir la mayoría de sus tareas como encubiertas, se restringe el acceso a la información sobre el accionar de los agentes y el destino de sus recursos.
• Riesgo Estratégico Nacional: El Gobierno introduce este concepto para justificar la intervención del organismo en diversos escenarios complejos que puedan afectar la estabilidad del país.

Esta decisión de modificar una ley de tal sensibilidad mediante un decreto, evitando el paso previo por el Congreso, se perfila como un nuevo foco de conflicto político. Sectores de la oposición y especialistas en seguridad ya anticipan cuestionamientos sobre el control democrático de los organismos de inteligencia y el alcance real de las nuevas facultades otorgadas a la SIDE en este nuevo esquema normativo.

Puedo preparar un informe comparativo sobre los cambios entre la ley actual y el nuevo DNU o redactar un análisis sobre las posibles repercusiones legales de esta medida.