El gobierno de Javier Milei comenzó a analizar la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en la administración pública, en el marco de su plan de modernización y reducción del aparato estatal. Sin embargo, un informe internacional advirtió sobre los riesgos de avanzar sin una planificación adecuada.

El estudio, basado en más de 200 casos a nivel global, señala que la IA no corrige por sí sola las fallas estructurales del Estado, sino que puede amplificarlas. En ese sentido, especialistas alertan sobre el peligro de “automatizar la ineficiencia” si no se acompaña la implementación con reformas profundas.

Experiencias dispares en el mundo

El análisis muestra resultados mixtos. En Argentina, el sistema Prometea permitió agilizar procesos judiciales mediante la generación automática de borradores. En países como Austria y Francia, el uso de algoritmos facilitó la detección de evasión fiscal y construcciones irregulares a partir del cruce de datos.

Sin embargo, también existen antecedentes negativos. Uno de los casos más críticos ocurrió en Países Bajos, donde un sistema automatizado identificó erróneamente a miles de familias como responsables de fraude, generando consecuencias sociales graves y una crisis política.

Advertencias de organismos internacionales

Según un informe de la OCDE, alrededor del 70% de los países ya utiliza inteligencia artificial para optimizar procesos internos, aunque solo una minoría logró aplicarla eficazmente en el diseño de políticas públicas.

El principal desafío, remarcan los expertos, no radica únicamente en adoptar nuevas tecnologías, sino en rediseñar estructuras estatales que garanticen transparencia, eficiencia y equidad.

En ese contexto, advierten que una implementación apresurada podría profundizar problemas existentes, incrementar la desconfianza ciudadana y generar nuevos conflictos institucionales.