Militantes organizan clase pública en apoyo a Cristina Kirchner y contra el «lawfare»

Militantes organizan clase pública en apoyo a Cristina Kirchner y contra el «lawfare»

Este evento se realiza frente a los tribunales de Comodoro Py, donde hoy la Cámara Federal de Casación Penal comunicará si confirma o revoca la condena por corrupción impuesta a Kirchner en la causa conocida como «Vialidad».

En un acto de respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, militantes y dirigentes kirchneristas montaron una clase pública titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare». Este evento se realiza frente a los tribunales de Comodoro Py, donde hoy la Cámara Federal de Casación Penal comunicará si confirma o revoca la condena por corrupción impuesta a Kirchner en la causa conocida como «Vialidad».

La clase pública comenzó a las 9 de la mañana y contó con la participación del docente de derecho y dirigente social Juan Grabois, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Juan Martín Mena, la periodista y política brasileña Manuela Davila, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Lucardi. La convocatoria tenía como objetivo denunciar el “lawfare” o guerra judicial, argumentando que las causas en contra de Kirchner y otros exfuncionarios responden a una supuesta estrategia de persecución política impulsada por sectores judiciales y mediáticos.

Contexto de la causa y las expectativas de fallo

Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras ser hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La causa se centra en el presunto direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, un caso que la defensa de la exmandataria ha calificado como “una persecución sin fundamentos”.

Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña son quienes decidirán el futuro judicial de Kirchner. En su entorno, se teme que el fallo confirme la condena, motivo por el cual la vicepresidenta ya analiza los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia en busca de revertir la sentencia.

La postura kirchnerista y el argumento del “lawfare”

El kirchnerismo sostiene que el caso de Vialidad es un ejemplo de “lawfare”, una supuesta combinación de estrategias judiciales y mediáticas para perjudicar a figuras políticas del espacio. En este sentido, la convocatoria de la clase pública fue una oportunidad para sus referentes de manifestarse en contra de lo que consideran un “sistema judicial corrupto y parcial”, que –según afirman– no solo afecta a Kirchner, sino también a otros líderes políticos de la región que han cuestionado al poder económico y mediático.

Juan Grabois, uno de los disertantes, argumentó que la causa contra la expresidenta forma parte de “una serie de ataques organizados desde el poder real para eliminar políticamente a quienes representan una amenaza al statu quo”. Manuela Davila, quien ha denunciado el “lawfare” en Brasil durante el proceso judicial de Lula da Silva, comparó ambos casos y calificó a este tipo de maniobras como una forma de injerencia que, según dijo, “desestabiliza la democracia en América Latina”.

Próximos pasos y posibles repercusiones

La atención de la jornada está puesta en la resolución de Casación, que definirá el futuro político de Cristina Kirchner y podría marcar un precedente en el tratamiento judicial de casos de corrupción vinculados a exfuncionarios. De confirmarse el fallo, la defensa de Kirchner tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema, en busca de revertir la sentencia en una instancia superior.

Mientras tanto, el oficialismo continúa movilizando apoyo popular y organizando actos en defensa de la expresidenta, argumentando que el uso del sistema judicial con fines políticos vulnera los derechos y afecta la gobernabilidad. La decisión de los jueces y la eventual apelación ante la Corte serán clave no solo para el futuro de la vicepresidenta, sino también para el panorama político del país en los próximos años.

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