Estas acusaciones del ministro Soria han generado un fuerte debate político en el país, destacando las tensiones entre el oficialismo y la oposición de cara a las próximas elecciones.

   

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ha realizado fuertes críticas hacia los dirigentes del PRO, partido político opositor en Argentina. En particular, Soria ha denunciado una serie de irregularidades en la fundación de la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Soria afirmó que se han descubierto «un cúmulo de irregularidades tremendas» en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que era presidido por Bullrich. Según el ministro, esta fundación ha sido utilizada como una fachada para financiar la campaña política de Bullrich, evadiendo impuestos y realizando actividades prohibidas para una organización sin fines de lucro.

En respuesta a las acusaciones, el Gobierno ha intervenido el IEES por 180 días hábiles. La Inspección General de Justicia (IGJ) ha verificado irregularidades contables y acciones ajenas al propósito social para el cual la fundación había sido autorizada a funcionar.

Soria detalló que se descubrió un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político, en lugar de los supuestos seminarios y charlas sobre seguridad y justicia que se anunciaban. Además, se registró un notable incremento en los ingresos de la fundación, pasando de carecer de fondos para gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos en pocos meses.

El ministro también hizo mención a pagos vinculados a líneas telefónicas registradas bajo el partido Unión por la Libertad, así como a consultores políticos y miembros del equipo de Bullrich, incluido el diputado Gerardo Millman. Soria aseguró que estos pagos se utilizaron para presionar a personas, haciendo referencia a un incidente ocurrido en un bar donde Millman y sus asesoras habrían hecho comentarios sobre un intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el marco de la investigación, la IGJ también descubrió un pago de más de 1.700.000 pesos para un viaje al exterior realizado por Bullrich con fondos de la fundación. Además, se constató que la organización no había presentado los estados contables desde 2019, entre otras irregularidades.

Estas acusaciones del ministro Soria han generado un fuerte debate político en Argentina, destacando las tensiones entre el oficialismo y la oposición de cara a las próximas elecciones.

«Armaban seminarios y charlas para estudiar supuestamente temas de seguridad o el fortalecimientos de la justicia, pero en realidad hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña de Patricia Bullrich. Algo totalmente prohibido para una asociación civil sin fines de lucro», describió Soria.

Además, dijo que se «registro un enriquecimiento exponencial de los ingresos y egresos del instituto» donde pasaron «en tan solo meses de no tener fondos para los gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos».

«A los republicanos les encanta hacer política con plata en negro. No hablemos del (diputado José Luis) Espert a quien alguna vez (el auditor general de la Nación, Miguel Ángel) Pichetto lo denunció por utilizar aviones de personas que estaban investigadas por narcotráfico. Hoy integran prácticamente el mismo espacio. Siempre a estos fachos les gustan estas cosas», fustigó.

También sostuvo que en la organización civil «figuran pagos de facturas telefónicas que están vinculadas a líneas registradas bajo el partido Unión por la Libertad» y pagos a consultores políticos e integrante del equipo de Bullrich como el diputado nacional Gerardo Millman.

«Era la cueva desde donde apretaban gente cuando fueron sorprendidos Millman y compañía», sostuvo en referencia a las asesoras del diputado que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando Millman se habría referido al intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera.

Soria agregó que en la investigación, la IGJ también detectó «el pago de un viaje con fondos de este instituto por mas de 1.700.000 pesos» a una empresa de turismo desde donde Bullrich viajó al exterior para lanzar su candidatura y que «debían todos los estados contables desde el año 2019», entre otras irregularidades.